Así desvió recursos el gobierno federal
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, no es la excepción, sino la norma.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, será recordado por muchos años por el dudoso honor de haber orquestado uno de los más grandes desfalcos al erario público en la historia de nuestro país. El esquema de desvío de recursos públicos utilizado por Javier Duarte es muy parecido al que muchos empresarios usan cotidianamente para reducir su carga tributaria en que dio dinero a empresas a cambio de bienes y servicios que nunca fueron concretados.
El ojo vigilante de la autoridad fiscal mexicana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tiene bien “checaditos” a los contribuyentes del país. El SAT actualmente tiene bajo investigación a 70,000 empresas, pues sospecha que emiten facturas por operaciones inexistentes. Éstas son vendidas a otras empresas para que éstas a su vez las usen para deducir sus gastos y con ello reducir sus impuestos. Este esquema de reducción de impuestos es —sobra decirlo— ilegal; sin embargo se trata de un negocio redituable y por ende floreciente.
La investigación que recientemente publicaron Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción reveló que diferentes instancias del gobierno federal hicieron contratos ilegales por 7.7 mil millones de pesos en 2013 y 2014 con 186 empresas. Para ponerlo en perspectiva, el monto desviado es aproximadamente el mismo al presupuesto total para 2017 de las delegaciones Iztapalapa y Cuauhtémoc juntas. El reportaje de investigación, titulado “La estafa maestra”, reveló que lograron desviar los recursos con un modus operandi similar al anteriormente descrito, aunque algo más sofisticado. Mientras el gobierno de Duarte contrató directamente los servicios de empresas fantasma, las 11 dependencias del gobierno federal involucradas (como el Banco Nacional de Obras y Servicios, del que el gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo, era titular en ese momento) firmaron convenios con ocho universidades públicas, que a su vez subcontrataron a 186 empresas para llevar a cabo las tareas asignadas en el convenio. Las universidades públicas recibieron una “comisión” de mil millones de pesos por la operación.
Lo anterior ya por sí mismo supone varios problemas legales. En primer lugar, la Ley de Adquisiciones obliga a que varias empresas compitan entre sí para poder ser acreedoras a un contrato de esta naturaleza. La ley permite lo anterior, siempre que las universidades realicen al menos el 51% del servicio contratado. No sólo este requisito no se cumplió en ninguno de los casos documentados en la investigación, sino que 128 de las 186 empresas contratadas presentan irregularidades: algunas no se ubican en el domicilio en que están registradas, otras simplemente no existen o se dedican a una actividad económica distinta a aquella por la que fueron contratadas.
Por último, más de 3,433 millones de pesos del total se desvanecieron en el aire, pues las empresas en las que terminaron no concretaron aquello por lo que fueron contratadas. ¿Dónde quedó ese dinero? La autoridad fiscal siempre va a estar atento cuando un empresario declare falsamente haber comprado activos para su empresa. ¿Qué sucede cuando es la autoridad misma la que cometió estos actos? ¿Quién vigila a los vigilantes?
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