Municipios promueven que aeropuertos les paguen el predial
El alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, donde se encuentra el aeropuerto de Guadalajara, busca que el GAP pague 10 millones de pesos anuales de predial e impulsa una ley que obligue a los aeropuertos a tributar en los municipios donde operan.
El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), principal operador de aeropuertos del país, mantiene una disputa con diversos municipios por el pago de impuestos como el predial, así como por los permisos para obras.
El municipio que lidera los reclamos es Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde está asentado el Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla.
Alberto Uribe Camacho, recién electo alcalde, demanda que los aeropuertos paguen el impuesto predial a los municipios en donde operan.
Este tema ya los había enfrentado en 2010, cuando Uribe Camacho era secretario general del mismo municipio. En ese año emprendió una batalla legal para cobrar el gravamen, así como para regularizar los comercios del aeropuerto y que también tributarán a la alcaldía.
Ahora retomará el tema en el Congreso de la Unión con apoyo de otros presidentes municipales de los municipios con terminales aéreas.
Los alcaldes buscan que se apruebe la reforma a la Ley General de Aeropuertos que se encuentra en la congeladora legislativa desde que fue presentada hace 6 años.
Para ello firmarán un manifiesto para demandar al gobierno federal y al Poder Legislativo que voten de inmediato las modificaciones a la Ley.
De ser aprobada la ley y de acuerdo a cálculos del alcalde por Movimiento Ciudadano, el GAP pagaría cerca de 10 millones de pesos por concepto de predial cada año.
No sólo por impuestos se han enfrentado Tlajomulco y el grupo empresarial, otro de los temas en que tienen diferencias es sobre los permisos para realizar obras.
En noviembre pasado el GAP intentó demoler el hotel Casa Grande que se ubica dentro del aeropuerto, pero el municipio ordenó que se detuvieran los trabajos debido a que no habían solicitado los permisos correspondientes.
En respuesta,GAP tramitó un amparo en tribunales federales, lo que le permitió retomar la demolición 4 días después.
“El amparo que presentamos cuando se ordenó la suspensión de la demolición del hotel fue argumentando que no era jurisdicción y no era competente el ayuntamiento; esto ya ha ocurrido en muchos otros aeropuertos y siempre la conclusión ha sido la misma”, afirmó el director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Fernando Bosque Mohino (con información de El Economista).
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