Avanza reforma para delitos fiscales tengan prisión preventiva oficiosa
La iniciativa manifiesta preocupación por los delitos de defraudación fiscal, contrabando, compra de comprobantes fiscales, incluidas facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, e igualmente los incluye en la lista de prisión preventiva oficiosa
La Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados, recientemente aprobó una iniciativa de reforma para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Información publicada por la Cámara de Diputados indica que esta decisión introduce reformas al Artículo 19 de la Constitución de México, permitiendo que los jueces ordenen la prisión preventiva de manera obligatoria en casos como extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, además de delitos fiscales como la defraudación, contrabando y falsificación de comprobantes fiscales.
La iniciativa manifiesta preocupación por los delitos de defraudación fiscal, contrabando, compra de comprobantes fiscales, incluidas facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, e igualmente los incluye en la lista de prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con Fiscalia, llama la atención que la “evolución” del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se hace bajo la bandera de que las “mejoras” estaban encaminadas hacia erradicar la venta y el uso indebido de facturas, lo cual, contradictoriamente empeoró según lo expuesto en el documento.
El dictamen fue aprobado en lo general con 26 votos a favor y 14 en contra, y en lo particular con 20 votos a favor, 14 en contra y una abstención. Ahora será remitido a la Mesa Directiva para su análisis y posterior aprobación.
Crítica
Las críticas a la prisión preventiva oficiosa provienen de dos resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez vs México, en los que la referida Corte consideró que las figuras de arraigo y prisión preventiva automática son categorías inconvencionales.
Fiscalia explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez y otro vs México que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en México viola varios derechos humanos, incluyendo el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de libertad, a la presunción de inocencia, y a la igualdad y no discriminación. La Corte señaló que el Artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, que establece la prisión preventiva, no considera los peligros procesales ni la necesidad de esta medida frente a alternativas menos lesivas.
En ambos casos, la Corte concluyó que México incumplió con su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno que respeten los derechos humanos y ordenó diversas medidas de reparación, incluyendo la revisión de la pertinencia de la prisión preventiva oficiosa y la adecuación del marco legal.
La iniciativa presidencial sugiere que, mientras no se modifique la Constitución para derogar la prisión preventiva oficiosa, el Artículo 19 de la Constitución sigue siendo válido y aplicable. Esto plantea un conflicto con el derecho internacional, porque la Convención de Viena y la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligan a los Estados a respetar los tratados internacionales, incluso si su legislación interna es contraria.
Transitorios
En los transitorios de la reforma, se estipula que todas las disposiciones que se opongan a este decreto quedarán derogadas y que el Congreso de la Unión tendrá 180 días para armonizar el marco jurídico con el contenido de esta reforma. Las legislaturas estatales también deberán adecuar sus normativas en un plazo de un año.
Fiscalia destacó que la prisión preventiva oficiosa se considera un instrumento clave para el control de la criminalidad y la investigación de delitos, aunque genera un amplio debate sobre sus implicaciones en derechos humanos y la justicia.
Puedes ver la información que publicó la Cámara de Diputados aquí / Fecha de publicación: 14 de agosto de 2024.
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