Formalizar a los empleados no solo es una obligación legal, sino que también ofrece beneficios fiscales y operativos que mejoran la competitividad y sostenibilidad de las empresas
En México, existe una idea arraigada en el empresariado basada en la premisa de que mantener una nómina informal es más barato. Esto se debe a que se evitan los costos asociados con las cuotas patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Pero de acuerdo con un análisis de Fiscalia, dicha percepción es errónea. Esto se debe a que la nómina informal, aunque puede parecer una opción de ahorro a corto plazo, resulta ser una práctica contraproducente y costosa a largo plazo.
Costos y beneficios de tener una nómina en regla
En su análisis, entre otras, Fiscalia expuso las siguientes consideraciones:
- Las contribuciones al IMSS son deducibles de impuestos. Al no registrar a los empleados en el IMSS, las empresas pierden la oportunidad de deducir estos gastos, lo que resulta en una base gravable más alta y, por ende, en un mayor pago de impuestos.
- La nómina informal es ilegal. Los empleadores que son descubiertos manejando una nómina informal pueden enfrentar multas significativas, así como el pago retroactivo de las cuotas no aportadas al IMSS. Estos costos pueden ser mucho más elevados que las cuotas que intentaron evadir inicialmente, pues vendrán incrementadas con actualización inflacionaria, recargos y multas.
- Hay un impacto en la productividad y la moral laboral. Esto se debe a que los trabajadores informales carecen de acceso a servicios de salud, seguridad social y otros beneficios, lo que puede afectar su productividad y moral. Empleados con prestaciones suelen ser más leales y productivos, lo que a largo plazo beneficia a la empresa.
La consultora considera que formalizar a los empleados no solo es una obligación legal, sino que también ofrece beneficios fiscales y operativos que mejoran la competitividad y sostenibilidad de las empresas.
Además, señaló que cambiar la percepción de que la informalidad es más barata requiere una combinación de educación, simplificación administrativa e incentivos fiscales, encaminados a crear un entorno de negocios más justo y productivo en México.
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