Rechaza SCJN amparo a Elektra por créditos fiscales
La Suprema Corte de Justicia rechazó la atracción de amparos por parte de Grupo Elektra en disputa por créditos fiscales por valor de 26,806 millones de pesos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió rechazar la atracción de cuatro amparos directos presentados por Grupo Elektra, empresa líder en el sector financiero y comercial de México. Estos amparos, que suman un total de 26 mil 806 millones de pesos en créditos fiscales, habían sido solicitados por la compañía en medio de una intensa disputa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La decisión fue tomada por tres votos contra uno en la Segunda Sala de la Corte, desechando así la propuesta presentada por el ministro Luis María Aguilar, que buscaba que los amparos fueran resueltos de manera conjunta.
En cambio, las solicitudes de atracción han sido enviadas a la ministra Loretta Ortiz, quien deberá elaborar las sentencias finales en sentido contrario a la propuesta inicial.
Este rechazo significa que los amparos serán devueltos eventualmente a cuatro tribunales colegiados de circuito, lo que podría llevar a resoluciones en fechas diferentes y con criterios diversos. Incluso existe la posibilidad de que los expedientes regresen al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que es la primera instancia en estos litigios.
En su informe anual de 2022, Grupo Elektra reveló que se encuentran en curso ocho juicios contra créditos fiscales que ascienden a 29,801 millones de pesos, los cuales han sido consistentemente confirmados por el TFJA. La compañía alega que el crédito más significativo, valorado en 18,455 millones de pesos, es contradictorio con los demás, ya que surge de la aplicación de pérdidas fiscales que el SAT previamente había declarado inexistentes, lo que refuerza la necesidad de resolver los amparos de manera conjunta.
Este caso continuará siendo objeto de seguimiento y análisis a medida que avance en los tribunales correspondientes, mientras que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) presentó una queja contra el ministro Aguilar ante la Corte, alegando alguna responsabilidad administrativa por “la omisión” de resolver sobre las atracciones.
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