Acusan a ministro de la Corte de favorecer a empresas para evadir impuestos
La Procuraduría Fiscal señala al ministro Aguilar de haber favorecido a una empresa nacional al atraer hacia la Corte los juicios interpuestos por las autoridades federales en su contra
En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Félix Arturo Medina Padilla, expuso tres casos en donde presuntamente la actuación de jueces y magistrados ha estado impidiendo el avance de procesos contra importantes contribuyentes que adeudan cerca de 80 mil millones de pesos a la hacienda pública.
Esta cifra, subraya, equivale al financiamiento de tres años del programa social “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
Uno de los casos en cuestión involucra a una empresa de Grupo Salinas, la cual fue objeto de auditoría en los años 2010, 2011 y 2013. El análisis reveló que la compañía en cuestión dejó de pagar impuestos por un monto de 25 mil millones de pesos.
Medina Padilla destacó que la estrategia de la empresa para evitar el pago de impuestos involucra el aprovechamiento de su compleja estructura corporativa para impugnar y retrasar la emisión de sentencias que la obliguen a cumplir con sus obligaciones tributarias.
Esta táctica, según el procurador fiscal, consiste en la frecuente solicitud de la facultad de atracción de casos por parte del máximo órgano de justicia del país, argumentando su novedad y relevancia, a pesar de existir jurisprudencias y antecedentes en tribunales colegiados que deberían guiar su resolución.
En este contexto, Félix Arturo Medina Padilla acusa al ministro Luis María Aguilar de haber favorecido a esta empresa nacional en los últimos ocho meses al atraer hacia la Corte los juicios interpuestos por las autoridades federales en su contra. El procurador fiscal afirma que Aguilar solicitó la atención del Pleno de la Suprema Corte y, sin justificación, ha dejado sin resolver dichos casos.
Dadas estas circunstancias, Medina Padilla anunció su intención de presentar una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra de las acciones del ministro Aguilar. Este paso marca una nueva etapa en el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en México.
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