Un cuerpo colegiado le negó dos amparos con los que buscaba frenar las órdenes de captura en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparable
La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, son investigados por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y presunta delincuencia organizada.
En este contexto, Gómez Mont recientemente recibió un revés en los tribunales. Un cuerpo colegiado le negó dos amparos con los que buscaba frenar las órdenes de captura en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparable.
De acuerdo con La Silla Rota, el ilícito está relacionado con la carpeta de investigación por la omisión del pago de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales 2015 y 2017.
El artículo indica que al analizar el proyecto del magistrado Miguel Ángel Medécigo Rodríguez, el tribunal, por unanimidad, decidió negar dos amparos a la conductora. Esto se debe a que consideró que el fallo del juez fue acorde a las leyes.
En el proyecto se consideró que Gómez Mont no presentó datos de prueba para corroborar que obtuvo recursos económicos al trabajar a través del régimen de asimilados a salarios.
“Hasta este momento no existe dato que permita suponer que la quejosa obtuvo ingresos no declarados como asimilados a salario. Por esa razón, se propone confirmar la sentencia y negar la protección de la justicia constitucional solicitada con relación a la orden de aprehensión y su ejecución reclamadas”, indica el documento.
Las ordenes de captura en contra de la conductora y presentadora de televisión, se suman a dos más por los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En su artículo, La Silla Rota recordó algunos datos relacionada con el expediente FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017:
- Las primeras pruebas recabadas por el Ministerio Público indican que Gómez Mont no cumplió con el pago de 13 millones 572 mil pesos obtenidos de forma ilícita. La conductora buscó realizar un acuerdo reparatorio en su beneficio.
- En noviembre de 2017 ofreció al Servicio de Administración Tributaría (SAT) un primer pago por cerca de 11 millones de pesos.
- En junio de 2019, durante la presente administración, un segundo por dos millones 604 mil pesos.
- A finales de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR), rechazó ambos pagos, porque el acuerdo se realizó con el SAT, sin que les fuera notificado. La FGR aseguró que los montos cubiertos no significaban que la investigación estaba terminada.
– Con información de La Silla Rota.
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