La Primera Sala de la SCJN avaló por unanimidad un proyecto, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que se propuso negar un amparo a Landa Cabrera
Hace un par de años, una empresa facturera regaló una residencia, con valor comercial de 15 millones de pesos, a Héctor Taurino Landa Cabrera, quien en ese entonces era un alto funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Por eso, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpeta de investigación en su contra y detectó que el exfuncionario adquirió otros inmuebles por un total de 21.9 millones de pesos, valor que superaba sus ingresos como funcionario del SAT.
De acuerdo con un artículo publicado por Proceso, Landa Cabrera entró al SAT en el año 2011, todavía en el sexenio de Felipe Calderón, y en el año 2018 fue cuando se descubrió que una empresa facturera le regaló una residencia.
El artículo indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recientemente avaló el proceso iniciado contra Landa Cabrera, por enriquecimiento ilícito de 21.9 millones de pesos.
El 10 de mayo, la Primera Sala de la SCJN avaló por unanimidad un proyecto, presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que se propuso negar un amparo a Landa Cabrera.
Con el amparo, el exfuncionario del SAT buscaba que se declare inconstitucional la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito conforme al Código Penal Federal.
Landa Cabrera señaló que la tipificación de este delito prejuzga el origen de su patrimonio. Pero en su resolución, la SCJN precisó que el hecho de que la autoridad señale la cantidad de bienes que un funcionario posee, cuando estos exceden de su capacidad económica conforme a su salario, no prejuzga su origen ilícito.
En consecuencia, el proceso contra el exfuncionario del SAT podrá continuar su trámite.
En el SAT, Landa Cabrera se encargaba de coordinar el área que debe informar a la autoridad competente cuánto daño patrimonial sufrió el fisco federal por posibles delitos fiscales cometidos por las grandes empresas; ordenar y practicar visitas domiciliarias, inspecciones, auditorías, entre otros; prevenir la expedición de facturas falsas y solicitar el embargo de cuentas bancarias, entre otras actividades.
– Con información de Proceso.
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