Cómo castigó el SAT a sus funcionarios acusados de corrupción
Los principales delitos por los que servidores públicos del SAT fueron denunciados son: contrabando, impresión ilegal de documentos y acceso a sistemas.
Al menos 11 funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron denunciados por actos de corrupción y algunos de ellos recibieron hasta cuatro años de prisión.
De 2020 a septiembre de este año, se emitieron 11 resoluciones a servidores públicos que fueron denunciados por el órgano recaudador debido a actos irregulares, de acuerdo con un artículo de Reforma.
En octubre de este año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó al fisco mexicano informar públicamente sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de su personal, por presuntos actos de corrupción.
Así como el cese de trabajadores por supuestas irregularidades como lo expresó la extitular del SAT, Raquel Buenrostro en octubre de 2021, durante una reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
¿Qué sanciones obtuvieron servidores públicos del SAT?
Según reportó Reforma, los servidores públicos recibieron sanciones como trabajos comunitarios en favor de la sociedad y cárcel, en periodos que van desde seis meses y hasta cuatro años, según información del propio SAT.
Además, en algunos casos, se tuvo que reparar el daño con montos de hasta 23 mil 655 pesos. El fisco no dio detalles de cargos que desempeñaban estos servidores públicos ni cuántos fueron enviados a prisión.
Los principales delitos fueron contrabando, impresión ilegal de documentos y acceso a sistemas, entre otros, de acuerdo con el SAT.
El SAT ha presentado denuncias contra 2 mil 899 sujetos –entre servidores públicos y personas que se presume actúan por cuenta propia y están vinculadas con empresas– por la presunción en haber incurrido en diversos delitos, entre los que destacan el contrabando y el acceso ilícito a equipos y sistemas de la dependencia.
Menos de una quinta parte de los denunciados han sido vinculadas a proceso, se ha llegado a sentencia o incluso han hecho un acuerdo reparatorio con la autoridad por medio del cual evitan una sanción penal a cambio de pagar sus adeudos fiscales pendientes; el resto sigue pendiente de resolución, indica el Informe tributario y de gestión del SAT.
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