Confirman crédito fiscal por 12.3 millones de pesos del gobernador de SLP
En 2015, el actual gobernador de San Luis Potosí estuvo preso por una acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, adeuda 12 millones 300 mil pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR), por multas y recargos al fisco.
“Se propone calificar inoperantes los conceptos de impugnación planteados en contra de la revisión de gabinete, ya que Ricardo Gallardo Cardona promovió un amparo de juicio indirecto en contra de tal mandato”, dijo Magda Zulema Mosri Gutiérrez, magistrada del TFJA.
Por unanimidad, 10 votos a favor y cero en contra, se determinó el crédito fiscal por más de 12 millones 300 mil pesos por depósitos bancarios no declarados en 2013 por José Ricardo Gallardo Cardona.
Además, en 2015 recibió una visita del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando Reforma reveló propiedades en Texas de Gallardo y su padre Ricardo Gallardo Juárez, ex alcalde de San Luis Potosí.
El historial de Gallardo
Desde 2019, el mandatario impugnó el adeudo del ISR por depósitos bancarios recibidos durante el ejercicio fiscal de febrero de 2013, los cuales no justificó ante el SAT.
A través de un oficio, el órgano recaudador le determinó el 20 de junio de 2018 a Gallardo Cardona un crédito fiscal por la cantidad de 12 millones 300 mil pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas por el ejercicio de 2013, así como por la miscelánea fiscal para 2013, según reporta Forbes.
Además, la magistrada explicó que son infundados e insuficientes los argumentos relacionados con las actuaciones emitidas por el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como condición financiera del contribuyente.
“Ricardo Gallardo Cardona no aclaró el origen de los depósitos bancarios observados por la autoridad por la cantidad de 1 millón 800 mil pesos al no proporcionar su contabilidad donde consta su registro ni exhibir la comprobación respectiva”, destacó la magistrada.
Cabe recordar que el gobernador estuvo preso en 2015 por una acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada que fue anulada por falta de pruebas.
Además, como menciona Reforma, en agosto de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó a la Fiscalía General de la República una denuncia contra los Gallardo, a quienes señaló de tejer una red para desviar y lavar 724 millones de pesos con apoyo de familiares y socios, entre 2012 y 2019.
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