El gremio contable señaló que considerar que los contadores podrían estar encubriendo un delito, al dictaminar los estados financieros, excede en mucho el trabajo de auditoría.
Como parte de los cambios fiscales para 2022, el Ejecutivo propone establecer nuevamente los dictámenes obligatorios para determinados contribuyentes. Para hacer esto, se busca reformar el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación (CFF).
Además, se propone que el contador público inscrito que elabore el dictamen de estados financieros, informe a la autoridad fiscal incumplimientos, o conductas de su cliente que puedan constituir la comisión de un delito fiscal. Esto se quiere hacer con la adición de un tercer párrafo a la fracción III del artículo 52 del CFF.
En caso de que el contador al elaborar el dictamen, detecte que su cliente pudo cometer un delito y no informe a la autoridad, se considerará encubrimiento de delitos fiscales. Esto se quiere establecer con la adición de una fracción III al artículo 96 del CFF.
Contadores se manifestaron en contra del dictamen
En este contexto, la contaduría pública organizada se manifestó en contra de la responsabilidad que los contadores públicos inscritos asumirían al realizar un dictamen de estados financieros para efectos fiscales, esto a través de un comunicado firmado por las siguientes organizaciones:
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El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), que representa a más de 22 mil agremiados a nivel nacional
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La Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), que representa a 4 mil 990 agremiados.
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La Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos (FNAMCP), que representa a más de 6 mil contadores públicos.
El contador público no es el profesional indicado para informar
Las organizaciones señalaron que la facultad de investigar los delitos es del ministerio público, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
En este sentido, indicaron que considerar encubridor de un delito a un contador público inscrito, excede en mucho el trabajo de auditoría a los estados financieros, y genera una amenaza de intimidación a la objetividad e independencia profesional del auditor.
El comunicado indica que al obligar al contador a que informe posibles conductas delictivas de su cliente, lo convierten en parte del control operativo del contribuyente. Es decir, en parte de la administración, lo cual desvía al contador del objetivo de una auditoría, que no tiene que ver con la calificación de un hecho delictivo.
En su caso, explicaron las organizaciones, la administración del contribuyente es quien debe informar a la autoridad y denunciar, para que el ministerio público califique la probable comisión de un delito y un juez tome la última decisión.
Además, en el comunicado aseguraron que el contador público no es el profesional indicado para informar a la autoridad, sobre las conductas de su cliente que puedan constituir la comisión de un delito fiscal.
Las organizaciones consideran que el contador público inscrito no posee el perfil, las certificaciones, los conocimientos técnicos en materia penal, las habilidades, ni las facultades como autoridad para detectar la comisión de un delito fiscal.
Por eso, pidieron que la propuesta para considerar encubridor de un delito a un contador público inscrito se elimine de la iniciativa del Paquete Económico 2022.
Puedes ver el comunicado que publicaron los contadores públicos aquí / Fecha de publicación: 17 de octubre de 2021.
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