Con la reforma a la subcontratación se tiene previsto que 1.5 millones de trabajadores transiten directamente a la informalidad.
El 24 de abril entró en vigor la reforma al outsourcing. Con la reforma se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación de servicios especializados.<
Uno de los puntos principales de la reforma es el plazo límite para que las empresas integren a su nómina a los empleados subcontratados, algo que se conoce como sustitución patronal.
El plazo límite, para que las empresas realicen la sustitución patronal, es de 90 días tras la entrada en vigor de la reforma. Es decir, el 23 de julio de 2021.
Informalidad por la reforma al outsourcing
En este contexto, el CEO de la firma de administración operativa empresarial Retribuye, Armando Leñero Llaca, advirtió que se tiene previsto que 1.5 millones de trabajadores transiten directamente a la informalidad laboral. El especialista prevé que esto se realizará a través de diferentes y sofisticados mecanismos de evasión.
Lo anterior lo dijo durante su participación en la mesa de análisis “Adiós al outsourcing no especializado”, organizado por El Universal.
El directivo también señaló que la reforma creó una importante incertidumbre, para los 4.6 millones de empleados relacionados con alguna figura de tercerización laboral en México. Esto se debe a que muchos trabajadores no saben cuál será la relación laboral con su empresa, una vez concluido el plazo de sustitución patronal.
De acuerdo con una nota publicada por El Universal, hasta el momento se tiene registro de un millón de trabajadores reconocidos por sus patrones directos.
El plazo es irracionalmente limitado
Sin embargo, el directivo de Retribuye indicó que para el resto de las empresas, el periodo para realizar los trámites requeridos ha sido irracionalmente limitado.
Lo anterior se debe a que se tienen que realizar trámites notariales y altas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sumado a los permisos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
El Gobierno, por su parte, tiene un plazo de un año para realizar el cambio patronal de los trabajadores a su servicio, lo que evidenció un acuerdo discrecional y discriminatorio, señaló el también presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF).
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