El próximo secretario de Hacienda podría realinear la política tributaria en lo que queda del sexenio, según la opinión del periodista Darío Celis.
El pasado 9 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, sería propuesto como gobernador para el Banco de México, y que el próximo secretario de Hacienda sería Rogelio Ramírez de la O.
Hasta el momento el anuncio ha quedado en eso, pues a la cabeza de la SHCP sigue Arturo Herrera. Sin embargo, de acuerdo a algunos periodistas, como Darío Celis, Ramírez de la O ya empieza a tener injerencia en el gobierno, como en la política energética del país. El futuro funcionario público tendría en mente reducir el derecho de utilidad compartida de Pemex, con lo que la petrolera pagaría 10 puntos menos de impuestos.
En este mismo orden de ideas, el periodista se pregunta el papel que tendrá la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, en las próximas decisiones de peso en la política recaudatoria, como la reforma fiscal que se avecina.
Ramírez de la O., dice Celis, es un personaje “más cargado al sector empresarial, más refinado, y con mucho más mano izquierda”. Por ello se pregunta si el próximo secretario dará luz verde a la política recaudatoria que hasta el momento ha sido el sello de la gestión de Buenrostro: la fiscalización agresiva a los grandes contribuyentes.
Deduce esto del hecho que se trata de un consultor económico-financiero “que se debe en buena medida a empresas triple AAA mexicanas y multinacionales extranjeras a las que en los últimos 25 años ha prestado sus servicios de asesoría e incluso de cuyos consejos, en algunos casos, ha formado parte”.
Es decir, por su procedencia, sugiere que la política fiscalizadora podría amainar.
Como síntoma del realineamiento de la política tributaria señala el movimiento del subsecretario Gabriel Yorio, quien detentó las funciones de la antigua subsecretaría de ingresos, quien será reemplazado por Miguel Siliceo.
“No es otra cosa que recuperar funciones que hoy tiene monopolizadas el SAT”, asegura.
Según el periodista, la fiscalización se dirigirá principalmente a “los bancos, automotrices y grandes transnacionales que contrataron en el pasado los servicios de outsourcing” con la finalidad de determinar los pagos pendientes de ISR, y cuotas del IMSS e Infonavit que tengan pendientes.
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