México adquirió vacunas CanSino a través de empresa fantasma
En medio de segunda ola y en un contexto de escasez de vacunas, México firmó un contrato desventajoso para la adquisición de la vacuna CanSino.
Cuando hablamos de empresas fantasmas, lo primero que suele venir a la mente es una empresa fachada que forma parte de un complicado esquema implementado para evadir impuestos o desviar recursos públicos.
Sin embargo, una investigación de Univisión y Poder sugiere que en la adquisición de vacunas Cansino por parte del gobierno mexicano, se hizo uso de una empresa fantasma para un fin un tanto más anómalo: deslindar a la farmacéutica china de responsabilidades respecto a la calidad del producto final.
La figura informal de la empresa fantasma encuentra su fundamento jurídico en el Código Fiscal de la Federación (CFF), que en el artículo 69-B introduce el supuesto del contribuyente que emite comprobantes fiscales por operaciones que nunca se realizaron, y para cuya realización no cuenta con la capacidad material.
Ejemplo de lo anterior son los infames casos en que se ha mostrado que instituciones de gobierno destinan partidas de dinero millonarias a la adquisición de bienes o la prestación de servicios, sólo para resultar que la empresa que supuestamente iba a prestar esos servicios sólo existe en papel, que su domicilio en realidad es un terreno baldío o la casa de una familia de bajos recursos, misma que jamás había escuchado hablar del asunto.
En este caso, la investigación no parece sugerir que la finalidad del uso de la empresa fantasma haya sido el desvío de recursos públicos, aunque tampoco se descarta.
Latam Pharma, un intermediario que no hace nada
Latam Pharma Innovative Ventures es una empresa registrada en Suiza. Ésta firmó la adquisición de 35 millones de dosis de la vacuna CanSino contra el COVID-19 con el fabricante chino y el gobierno de México.
La investigación señala que en el momento en que se firmó el contrato, el 8 de diciembre de 2020, la empresa todavía no había sido constituida en el registro público corporativo suizo.
La corporación aseguró que esto no era un problema, pues en Suiza se considera que una empresa existe desde que se hace su acta de constitución, momento en que puede firmar contratos legalmente vinculantes. Sin embargo, tras consultar el registro comercial suizo se constató que el acta de creación data del 10 de diciembre de 2020. Es decir, después de firmado el contrato.
“Literalmente firmaron con un fantasma, una empresa inexistente, a la que por supuesto no le puedes exigir responsabilidades. Pudieron crearla o no crearla después. Es completamente irregular que –aún en una situación de emergencia– tú firmes con una empresa que no ha sido creada”, dijo Lourdes Motta en entrevista para Univisión y Poder, quien es abogada corporativa especialista en contratos del sector salud.
Debido a que legalmente no existen las obligaciones retroactivas, a pesar de haber firmado un contrato con Latam Pharma, el gobierno mexicano no podría forzarla en caso de que no cumpliera con lo estipulado, pues no estaba legalmente registrada en ese momento. Así, México queda expuesto, en una situación desventajosa.
Latam Pharm aparece como encargada del llenado y envasado de las vacunas, tras el envío a México desde China de la sustancia. La empresa realizaría estas funciones a través de una “empresa afiliada en México” cuyo nombre no se menciona.
Sin embargo, los registros de comercio internacional contienen a la empresa mexicana Drugmex como la importadora a granel de la sustancia. Latam Pharma confirmó que Drugmex es la empresa afiliada de la que se habla en el contrato.
Es decir, la empresa que realmente realiza en envasado y terminado de las vacunas es Drugmex, no Latam Pharma.
Al preguntársele cuál es exactamente la función que realizan, la empresa respondió de forma ambigua; aseguraron que no financian la compra de las vacunas ni son intermediarios de CanSino y el gobierno de México, sino que “únicamente presta los servicios técnicos para los que fue seleccionado por CanSino Biologics”. El reportaje no abunda en la naturaleza de estos “servicios técnicos”.
Drugmex, la envasadora, no aparece en el contrato firmado por el gobierno. Esto abre otro flanco débil, pues en caso de incumplir, la autoridad tampoco tendría vía legal para exigirle.
El acuerdo establece que una de las funciones de Latam Pharma era tramitar los permisos de emergencia y de uso comercial. Sin embargo, no es posible saber si lo hizo, pues esta información fue reservada por el gobierno.
Según el contrato, la corporación compraría el producto a granel a CanSino y lo envasaría a través de Drugmex.
Sin embargo, México le pagó directamente a CanSino, quien posteriormente pagó a Latam Pharma y ésta hizo lo propio con Drugmex y un beneficiario final desconocido. Esto impide que que la autoridad pueda auditar los recursos, lo que imposibilita saber cuánto ganaron Latan Pharma y Drugmex.
Univisión preguntó a Latam Pharma si su propósito es triangular el dinero de la compra de las vacunas o evadir impuestos.
“Ninguna de las anteriores. Latam Pharma no vende vacuna alguna ni recibe pagos de ningún gobierno. Latam Pharma cumple a cabalidad con todas las disposiciones normativas que le son aplicables”, respondió la empresa suiza.
De acuerdo al reportaje, la organización sólo tiene cuatro empleados, se constituyó con un capital social de poco más de 2 millones de pesos y en 2020 declaró ganancias de 6 millones de pesos.
“Esta parece ser solo una empresa de papel, sin operación propia y sin una participación real en el suministro de las vacunas al gobierno de México”, aseguró Paulo Diez, abogado.
México, en una posición desesperada
Otro aspecto negativo del contrato es que éste se firmó no según las leyes mexicanas (ni las chinas), sino las de Singapur, y que obliga a México a acudir a un tribunal internacional en caso de incumplimiento. El mismo no establece ninguna responsabilidad para CanSino en caso de haber problemas con la manufactura de las vacunas ni ofrece garantías para que los contratistas cumplan. Tampoco es claro cuál es el papel que desempeñaría Latam Pharma.
En respuesta a los autores de la investigación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se justificó diciendo que firmaron en el país asiático porque “se concilió que la jurisdicción fuera Singapur basado en la seguridad jurídica que confiere el sistema legal de Singapur”. Además citó dos artículos de la ley de compras públicas que afirman que pueden firmarse contratos en el extranjero si sólo hay un proveedor en el mundo o si éste pide en el contrato que se firme bajo la ley de su país.
Paulo Diez asegura que los argumentos de la cancillería son desdeñables, pues “CanSino no es el único proveedor en el mundo de vacunas anti COVID-19 ni la empresa está constituida en Singapur, sino en China”.
Sin embargo, hay que recordar que el gobierno de México recurrió a la adquisición de vacunas como la CanSino o la rusa Sputnik V en un contexto muy específico: el país estaba pasando por la segunda ola de contagios, la más severa hasta el momento, y hubo retrasos considerables en la distribución de las vacunas de otras farmacéuticas, como Pfizer.
La Secretaría de Saludo dijo que las condiciones del contrato las estableció CanSino, quien incluyó a Latam Pharma en el acuerdo.
“Si esto fue una imposición de CanSino, lo menos que podría haberse exigido es que la empresa china asumiera responsabilidades por el producto envasado”, dijo Diez.
En opinión de Gabriel Barrera, abogado con experiencia en la industria farmacéutica consultado para la investigación, el papel de Latam Pharma es fungir de intermediario “para reducir, o aminorar la responsabilidad de CanSino, aunque sí asume ciertas responsabilidades, pero si no las conocemos, por lo tapado que está el contrato, ¿qué tanto sabemos de que sea una empresa con capacidad para responder? Más aún, aunque no queda claro, parece que el pago del estado se realiza de México a CanSino pero si ella sólo aporta la sustancia activa, ¿cómo le entra el dinero a Latam?”.
Presidente de Latam Pharma, relacionado a paraísos fiscales
El presidente del consejo de la empresa es Luis Doporte Alejandre, abogado mexicano que según Univision fue relacionado a los Panama Papers, una investigación periodística que reveló la manera en que una firma legal panameña facilitó a sus clientes la creación de empresas en paraísos fiscales.
Además, el empresario fue multado por el gobierno de México en junio de 2020 por la formación de un conglomerado, con el que incurrió en prácticas monopólicas.
Al respecto, tanto la empresa como la SRE respondieron que la sanción que se aplicó a Doporto no tiene relación con la adquisición de las vacunas.
Por su parte, la Secretaría de Salud aseguró que Latam Pharma no está listada como empresa impedida de realizar contratos con el gobierno de México.
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