No hay garantía de que los trabajadores que laboraban en outsourcing sean contratados por la empresa, aseguran especialistas.
Hace unos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que después de varios meses de negociación el gobierno federal llegó a un acuerdo con la iniciativa privada respecto a la reforma que se hará al outsourcing, también conocido como subcontratación laboral.
Algunos detalles generales fueron revelados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (SAT) en un comunicado. El acuerdo, dice la secretaría de estado, consistente en que la modalidad de trabajo por subcontratación desaparecerá, pero permanecerá la figura de los servicios especializados distintos al objeto social de la empresa. Además, las empresas que presten estos servicios deberán inscribirse en un padrón público que se creará con este objeto y se deberá pasar a la nómina de la empresa a los trabajadores subcontratados en un plazo de tres meses. Por último, el gobierno accedió a limitar el reparto de utilidades a tres meses de sueldo del trabajador.
En entrevista con El Contribuyente, el especialista fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, Rolando Silva, habló sobre los puntos positivos y negativos que observó en un borrador no oficial de la iniciativa que estuvo circulando entre especialistas, previo a su publicación oficial ocurrida el 8 de abril.
El especialista señala que, paradójicamente, los trabajadores podrían no resultar beneficiados por la iniciativa, pues no hay garantía de que los trabajadores que laboraban en outsourcing sean contratados por la empresa.
“Como si el efecto fuera que todas las personas que ya no trabajan en outsourcing fueran contratadas por los patrones o los clientes del outsourcing. De ninguna manera están obligados. Podría ser que ya no pudieran operar. No hay forma de obligarlos”.
De hecho, según una encuesta elaborada por la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), el 10% de los empleadores no están dispuestos a contratar a los trabajadores que el día de hoy tienen por outsourcing. Esto podría implicar una pérdida del 10% de los 4.6 millones de trabajadores en esta modalidad.
El 90% restante de los empleadores sí están dispuestos a contratar a estos trabajadores, pero a través de diversos esquemas laborales, por lo que no necesariamente adquirirán prestaciones laborales. El 30% sí les ofrecería ser empleados de base en las medianas y grandes empresas.
El 10% restante de los empleos por outsourcing se perderán o serán contratados a través de esquemas que no pagan impuestos como cooperativas y sindicatos. Un 60% o sea 2.7 millones sería contratado por honorarios y asimilados a salarios, para disminuir entre un 25% a 30% la carga patronal o costo salarial, sobre todo en las mipymes, siendo los servicios para empresas, comercio, construcción y el campo los principales sectores que no contratarían en forma directa.
La AMECH señala que de prohibirse la subcontratación laboral el 70% de los empleados perderían su acceso a la seguridad social y crecería un 60% la contratación por honorarios y asimilados. Esto sin mencionar los despidos y la informalidad.
Silva señaló como positivo para los empresarios que, a diferencia de lo que plateaba la iniciativa original propuesta por el ejecutivo federal el año pasado, se permita el insourcing bajo la modalidad de servicios compartidos. Se entiende por servicios compartidos cuando una empresa de un grupo empresarial presta servicios especializados a las demás del grupo, siempre que sean ajenos a su servicio social
“Pongamos como ejemplo Grupo Carso, que tiene digamos unas 50 empresas distintas y no tiene caso que tengan cincuenta áreas jurídicas, fiscales o de programación. Una sola compañía alberga a todas los abogados, a todos los fiscalistas, y da servicio a todas las empresas del grupo. Esto, con la versión anterior de la iniciativa, no sería posible”, explicó.
Otros puntos que señaló son el tope a la repartición de utilidades, consistente en tres meses del salario del trabajador, cuyo objeto es el de no generar distorsiones en empresas que hagan un uso intensivo del capital, así como la implementación de facilidades administrativas que harán más expedito el cumplimiento del requisito de registro en el padrón exigido por la autoridad.
“Otro cambio importante es el concepto de permiso que otorga la Secretaría del Trabajo por un registro, y cambia todo el concepto, porque con un permiso quien lo otorga tiene la facultad de negarlo. Cuando hablamos de un registro hace falta únicamente cumplir con los requisitos para que te incluyan en el registro, y parecería que el requisito va a ser cumplir con tus obligaciones fiscales, como tener opiniones limpias”.
Asimismo, se implementan plazos que la autoridad debe cumplir al respecto del registro. Plazos que, si no cumple implican una afirmativa.
“Se habla de una afirmativa ficta. Si no te responden en un plazo de, me parece que son 30 días, tienes derecho a requerir la respuesta y si no te responden es afirmativa ficta y vas a poder contar con el registro”.
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