El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas destacó una serie de puntos preocupantes sobre la reforma al outsourcing recién aprobada.
Ayer, el Senado de la República aprobó la iniciativa de reforma a varias leyes federales en lo relativo al outsourcing, o subcontratación laboral. La iniciativa fue turnada al poder ejecutivo para su promulgación.
La reforma consistente en que la modalidad de trabajo por subcontratación desaparecerá, pero permanecerá la figura de los servicios especializados distintos al objeto social de la empresa. Además, las empresas que presten estos servicios deberán inscribirse en un padrón público que se creará con este objeto y se deberá pasar a la nómina a los trabajadores subcontratados en un plazo de tres meses. Por último, el gobierno accedió a limitar el reparto de utilidades a tres meses de sueldo del trabajador.
Al respecto, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) destacó los siguientes aspectos positivos del acuerdo entre gobierno, sindicatos y empresarios de agilizó la aprobación de la reforma:
- La apertura al diálogo entre los sectores involucrados.
- La discusión del tema del tope al reparto de utilidades a los trabajadores. Con esto, dice el IMEF, “se inicia el tránsito a un modelo más moderno de reconocimiento de participación de los trabajadores en las utilidades”.
- El diferimiento de tres meses de la entrada en vigor, que dará una ventana de tiempo a las empresas para adecuar sus operaciones.
- El IMEF también celebró que permanecieran los servicios especializados distintos al objeto social de la empresa contratante, lo que permitiría preservar esquemas de operación esenciales para la competitividad.
Sin embargo, también señalan una serie de puntos que consideran potencialmente riesgosos de la reforma:
- Los criterios de la STPS para la inscripción en el padrón de empresas de subcontratación, dicen, debería tomar en consideración la complejidad de una economía como la mexicana, preservando los elementos de productividad y competitividad necesarios. Esto con la finalidad de preservar el atractivo de México para la inversión.
- Que el registro se lleve a cabo de manera ágil y transparente, evitando cuellos de botella que empujen a las empresas a la informalidad.
- En México, una gran parte de la población económicamente activa está en el sector informal, por lo que el gobierno debería propiciar una mayor formalización de la economía.
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