La Prodecon lleva casi dos años sin titular, pues las ternas propuestas por el presidente no cumplen con los requisitos que marca la ley.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) está sin procurador titular desde hace casi dos años, luego de que el 30 de abril de 2019 terminó el segundo periodo de la procuradora Diana Bernal Ladrón de Guevara.
Según la Ley Orgánica de la Prodecon, el titular de la dependencia lo elige el Senado de la República de entre una terna que designa el ejecutivo federal, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El presidente ha mandado tres ternas de candidatos a los senadores, pero en las tres ocasiones sus candidatos han sido desechados.
En su conferencia mañanera del martes 17 de marzo, AMLO señaló una supuesta “intromisión”, mediante amparos concedidos por el poder judicial al respecto. El presidente de México hizo la declaración en el contexto de una pregunta que una reportera le hizo al mandatario, a propósito de la respuesta que recibió de parte del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar.
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“Yo llevo, bueno, nosotros, como dos años queriendo nombrar al procurador de la Defensa de los Contribuyentes y el procedimiento consiste en que tengo que enviar una terna al Senado para que el Senado elija de la terna al procurador de la Defensa de los Contribuyentes. Pues no he podido nombrar en dos años, porque creo que son dos o tres veces que envío la terna y se amparan los que están, de hecho, de facto encargados de la Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes, los que manejaban antes la procuraduría, que ya se encariñaron y no quieren dejar el cargo, por algo será”.
Candidatos sin perfil
El problema reside en que los candidatos propuestos por el presidente no cumplen con los requisitos que marca el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Prodecon para el titular.
En las ocasiones en que el presidente ha presentado la terna, dos de los candidatos se han repetido: Carlos Alberto Puga Bolio y Marta Patricia Jiménez Oropeza. Los únicos que han alternado son Rafael Chong Flores y Ricardo Rodríguez Vargas.
De entre los requisitos que marca la ley, destacamos los siguientes tres:
- Poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho, o en alguna carrera afín a la materia tributaria.
- Contar con experiencia acreditada en materia fiscal. Cuando menos por un término de cinco años inmediatos anteriores a su designación.
- No haber ocupado la posición de secretario o subsecretario de Estado, o titular de alguna entidad paraestatal en el Gobierno Federal. Ni haber sido funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto en los últimos tres años previos a su nombramiento.
El primer requisito sólo lo cumplen Puga Bolio y Chong Flores, quienes son licenciados en Derecho. Los otros dos candidatos tienen estudios en Administración y Economía, lo que los descalifica automáticamente. A pesar de ello, el presidente ha insistido en presentarlos nuevamente.
El segundo requisito, de tener al menos cinco años de experiencia en materia fiscal durante los años inmediatamente anteriores, no lo cumple ninguno de ellos. De los candidatos que pasaron el filtro anterior, Puga Bolio y Chong Flores, el primero no tiene la experiencia requerida según expertos consultados por el contribuyente.
Por su parte, Chong Flores laboró los últimos años como consejero jurídico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que tampoco parece cumplir con el requisito de cinco años inmediatos de experiencia en materia fiscal.
El tercer requisito, de no haber ocupado altos cargos en la administración pública, podría descalificar a Ricardo Rodríguez Vargas, quien fue titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, organismo que antes se conocía como Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
En este sentido, se entiende, la supuesta intromisión señalada por el presidente, en realidad obedece a los requisitos que la propia Ley de la Prodecon exige que debe tener el titular que ocupará la dependencia encargada de defender a los contribuyentes.
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