El presidente de la AMECH, Pablo Lezama, considera que no es realista la pretensión de que todos los trabajadores que laboran en oursourcing pasen a formar parte de la nómina de la empresa que recibe sus servicios.
La semana pasada, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, firmó una iniciativa de reforma al outsourcing, que busca prevenir el uso de esta modalidad de subcontratación laboral que se llega a emplear para la evasión de impuestos y obligaciones patronales.
De acuerdo a Pablo Lezama, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), que representa a empresas que prestan servicios de tercerización, o outsourcing, declaró ante diario Reforma que la iniciativa propuesta por el ejecutivo federal pondrá en peligro los 4.5 millones de trabajos que existen bajo esta modalidad.
En la conferencia mañanera en que se presentó esta iniciativa, la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, puso el ejemplo de un hotel cuya planta de trabajo estaba compuesta en un 80% por trabajadores empleados por tercerizadoras.
La intención del gobierno es que, con esta iniciativa, este tipo de trabajadores pasen a formar parte de la nómina de la empresa para la que prestan sus servicios. Esto mediante la prohibición de la contratación de servicios de outsourcing para puestos del objeto social del negocio.
Sin embargo, de acuerdo a Pablo Lezama, esto es poco realista.
“Si se prohíbe (la subcontratación), son 4.5 millones de personas que están en este esquema y la pregunta sería si estas personas van a quedar adscritas a la empresa contratante de los servicios de tercerización. Eso no va a pasar”, aseguró.
La reforma plantea la eliminación de la figura de outsourcing, introduciendo en su lugar la de servicios especializados u obras especializadas y agencias de colocación.
Las empresas que presten este tipo de servicios tendrán que estar previamente autorizados por la STPS y ser publicados en un padrón público.
Lezama asegura que es necesario hacer una “revisión muy profunda” de la iniciativa. Para esto todavía hay tiempo, pues el texto tiene que ser discutido y aprobado por las dos cámaras de legisladores.
Sin embargo, el representante empresarial se pronunció a favor de combatir las prácticas de simulación y evasión fiscal.
“Estamos en contra de las prácticas de simulación, evasión y elusión fiscal, por lo que pugnamos por el ejercicio irrestricto en las aplicaciones de sanciones a las empresas que incumplen con lo estipulado en la ley, provocan la precarización del trabajo, disminuyen los derechos de los trabajadores y menoscaban al erario”, señaló.
Con información de Reforma.
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