Desde 2015, la Prodecon ha sufrido recortes presupuestarios cada año.
La Miscelánea Fiscal 2021, propuesta del ejecutivo federal que proyecta reformas a las Leyes del impuesto sobre la renta (ISR), impuesto al valor agregado (IVA), impuesto especial a la producción y servicios (IEPS) y al Código Fiscal Federal (CFF), contiene algunas medidas que podrían aumentar las facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como el uso de tecnología para grabar video o tomar fotografías en las visitas domiciliarias o la cancelación de las devoluciones de impuestos cuando el contribuyente esté no localizado.
Como contrapeso al propio gobierno, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), es un organismo descentralizado que tiene como misión dar asesoría y velar por los intereses de los pagadores de impuestos. Sin embargo, en un contexto de creciente fiscalización por parte de la autoridad fiscal, según lo contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, la Procuraduría sufrirá un recorte en su presupuesto, teniendo el más bajo en toda su historia, con 738.6 millones de pesos.
Cabe mencionar que no es la primera vez que la institución ha sufrido un recorte. Desde 2015, cuando se le signaron mil 59 millones de pesos, ha experimentado recortes a su presupuesto en términos reales. De hecho, ni siquiera es el mayor de los recortes que ha experimentado. Fue en el paso de 2019 a 2020 cuando la Prodecon experimentó su mayor recorte, al pasar de los 911.1 millones de pesos a los 771.8 millones.
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De acuerdo a Guillermo Mendieta, socio de la firma fiscal Mendieta y Asociados, lo anterior no se ha visto reflejado en la calidad del trabajo de la Procuraduría, pero sí en el número de casos que pueden atender.
“A lo mejor si antes tenían una plantilla de 50 abogados, ahora tienen una de 15. Y esto no necesariamente porque los que trabajaban ahí antes fueran aviadores, por lo que sí se ve ampliamente mermada la capacidad de la institución”, dijo.
El especialista argumentó que hay más de 80 millones de contribuyentes registrados ante la autoridad, por lo que es un mercado muy grande el que tiene que atender el ombudsman fiscal.
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