El SAT “asume” que todos los contribuyentes son defraudadores fiscales: Coparmex
El organismo empresarial considera como violación a los derechos de los contribuyentes la nueva política de procedimientos por parte de las autoridades fiscales.
Un sector del empresariado mexicano considera que las autoridades fiscales violan los derechos humanos de los pagadores de impuestos debido a que sus investigaciones parten de la base de que todos los contribuyentes son defraudadores. Así se manifestó, en un comunicado de prensa, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Em ese mismo boletín, el organismo aseguró estar a favor de la lucha contra la evasión fiscal.
La Confederación consideró que las autoridades fiscales han dejado de tener como base exclusiva las normas constitucionales y legales que les permiten ejercer sus facultades. Esto deriva en una política de presión e intimidación hacia los contribuyentes.
“Se observa desde el año pasado en el que se aprobó la llamada reforma fiscal-penal, que no solamente está dirigida a las empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas o inexistentes, sino a cualquier contribuyente que haya cuestionado la imposición de algún crédito fiscal o que la autoridad detecte de manera presuntiva, que no ha cumplido con sus obligaciones fiscales”, externó la Coparmex.
Según la organización empresarial, la reforma penal fiscal incluyó la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa, a fin de ser un instrumento para atemorizar y coaccionar a los contribuyentes que son considerados por las autoridades fiscales como defraudadores asociados a la delincuencia organizada.
Explicó que “las propuestas de reforma fiscal para 2021 ilustran tal política de calificación de los contribuyentes como defraudadores fiscales. Basta recordar la intención de darle efectos penales a la recaracterización de operaciones que a juicio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) carezcan de razón de negocios y el aumento de hipótesis para la procedencia de la cancelación de certificados de sellos digitales, sin que exista una sentencia firme de autoridad judicial”.
Por otra parte, aseguran que la declaración de Raquel Buenrostro, titular del SAT, cuando dijo que “no hay demora en las devoluciones de saldos a favor”, y que de haberlas serían los propios funcionarios fiscales quienes pagarían, de su bolsa, los intereses devengados, evidencia la falta de empatía hacia los contribuyentes ante la coyuntura actual por la epidemia de COVID-19, además de la poca estima que se tiene por los derechos laborales de los propios funcionarios públicos.
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Con información de Coparmex.
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