Para el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación hay un cambio de paradigma en el combate a la defraudación fiscal.
El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Carlos Romero Aranda, en entrevista para La Jornada, afirmó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) funcionaba como un simulador o un distractor en la lucha contra la evasión fiscal por medio de la emisión de facturas falsas.
Por el momento, la PFF tiene listadas a casi 10 mil empresas y personas que se dedican a esta práctica, aeguró Romero. Sin embargo, advirtió que “el universo de involucrados en la evasión fiscal mediante estas operaciones es más extenso”.
Aseguró además que ir en contra de las factureras sería como acabar con el 70% de la corrupción en el país, porque en ellas se encuentran esquemas de desvío de recursos públicos y con esquemas de no pago de impuestos.
“Estos esquemas se hicieron para darle en la torre al país”, advirtió.
Mencionó que anualmente eran evadidos 500 mil millones por las empresas dedicadas a éste ilícito. Esta cifra se calculó a inicios de la nueva administración y fue el resultado de un estudio que hicieron en conjunto la PFF con el SAT.
Asimismo, aseguró que no entiende la existencia de estos esquemas sin la participación o la complicidad del ente encargado de la recaudación de impuestos, el SAT; aseguró que estos esquemas eran protegidos por el gobierno. En la semana, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, dio a conocer una lista de empresas implicadas.
Además, el SAT informó que en la red de 43 empresas que operaron durante 2017 están involucrados funcionarios de segundo y tercer nivel de la propia institución; “incluso un exfuncionario que aparece directamente en una de las empresas y es una de las líneas de investigación”, comentó Romero Aranda.
Dentro de esta simulación, advirtió Aranda, se encuentra la reforma al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) hecha en 2014, en el que se da la facultad al SAT de difundir la lista de las empresas o personas involucradas en la defraudación fiscal.
“Los listaban y se acabó el asunto. No había mayor sanción”, comentó Aranda.
Afirmó que lo que realmente se hacía era “proteger las operaciones de modo que nunca llegara a temas penales y que nunca hubiera mayor sanción a las empresas”. Explicó que si se hubiera querido hacer algo se debieron abrir auditorías, ver con toda la contabilidad a la mano si las operaciones eran simuladas o no.
Posteriormente se tenían que presentar querellas y en su caso determinar créditos fiscales; sin embargo, dice que la política de fiscalización se ocupó en proteger a las empresas y personas evasoras y, dejar en el limbo la lista negra sin ningún tipo de consecuencia.
Para Carlos Romero hay una cambio de paradigma en combatir la defraudación fiscal, ya que se están dedicando a combatir la simulación de operaciones por medio de auditorías. “Cotejan el grado de simulación y comprueban a factureras y asesores fiscales que actúan con dolo”.
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