Tras epidemia, podría haber 10.7 millones mexicanos más en pobreza extrema: Coneval
Ante la actual coyuntura de SARS-CoV2, datos estadísticos proveen el aumento de la pobreza en nuestro país.
La emergencia sanitaria derivada del COVID-19 traerá consigo consecuencias económicas que pondrán en riesgo el desarrollo social. Los grupos más vulnerables de la población mexicana serán los más afectados por esta causa.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo público encargado de generar información sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, advirtió que el número de pobres podría aumentar debido a la crisis sanitaria.
En un estudio reciente, titulado La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México, estimó que la pobreza por ingresos (aquella en la que el dinero obtenido no alcanza a cubrir la canasta básica) incrementará en entre 7.2 y 7.9%. La población en situación de pobreza extrema por ingresos aumentaría en entre 6 y 10 millones de personas, mientras que para la pobreza laboral (aquella en la que el ingreso de fuente laboral no cubre las necesidades básicas y deben recurrirse a otras fuentes de financiamiento) el pronóstico indica un aumento de entre 37.3 y 45.8 por ciento en el segundo trimestre del 2020.
El documento considera que hay sectores de la población que afrontan esta pandemia con mayores desventajas, tales como:
- Mujeres
- Trabajadores del sector formal e informal
- Desempleados
- Pymes
- Jornaleros agrícolas
- Estudiantes con falta de tecnología para continuar su aprendizaje.
“La crisis podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable, tenga afectaciones que los lleven a encontrarse en condiciones de pobreza o vulnerabilidad”, expreso el Coneval.
En la última comparativa respecto a la situación de personas en pobreza extrema del país, el Consejo publicó que, durante el 2008 alrededor de 12 millones 300 mil se encontraban en esta condición, mientras que de 2012 a 2014 el promedio bajó a 11 millones y para 2018 se registraron 9 millones 300 mil de personas; es decir, 7.4% de la población total de esa fecha.
Mientras que para las personas en situación de pobreza la misma comparativa de esa década arrojó que, durante la década de 2008 a 2018, esta medición paso de 49.5 a 52.4 millones de personas dentro del país.
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¿Qué efectos podría traer la crisis producida por la COVID-19 en la pobreza?
El análisis del Coneval prevé aumentos preocupantes en la pobreza por ingresos, la pobreza laboral y el riesgo derivado de la ausencia de políticas públicas orientadas a esta población. Dichas estimaciones se obtuvieron mediante la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Para la estimación de la medición de pobreza, el estudio construyó dos escenarios en función de la distribución del impacto entre diversos grupos de población:
1) En el primer escenario se simula una caída generalizada en el ingreso equivalente al 5%.
2) En el segundo escenario, se simula una reducción en el ingreso más pronunciada para los hogares en pobreza urbana.
Para estos escenarios, el Coneval considero la pobreza por ingresos vigente en marzo de 2020 en conjunto con las
expectativas de inflación a agosto del 2020, indicadas por el Banco de México. Esto dio como resultado las siguientes estimaciones:
- El total de personas en situación de pobreza por ingresos se incrementará entre un 7.2 y 7.9%; es decir entre 8 y 9 millones de personas.
- Para el número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos se incrementará entre 4.9 y 8.5%, es decir entre 6.1 y 10.7 millones de personas.
El Consejo afirma que sin políticas públicas que atiendan a la población con ingreso medio, la cantidad de personas en situación de pobreza por ingreso puede aumentar, de tal manera que la crisis podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable, tenga afectaciones que los lleven a encontrarse en alguna de estas condiciones.
Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), hizo un informe para toda la región en que hace un balance de los efectos sociales que podría traer la pandemia del COVID-19, el cual pronosticó para 2020 en todo el continente:
- Aumento del desempleo de 3.4%.
- Aumento de la pobreza al menos un 4.4%.
- Se provocará a corto plazo un aumento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en la región.
- Caída del -5.3 por ciento del Producto Interno Bruto.
- Exportaciones regionales caerán alrededor del 15%
- Se generarán casi 12 millones más de desempleados
Estas predicciones alcanzarán a un total de 214 millones de personas: el 34.7 por ciento de la población de esas regiones, por lo que para estas personas la pobreza extrema aumentaría 2.6 por ciento, es decir más de 15 millones de personas adicionales y llegaría a afectar a un total de 83 millones 400 mil personas.
Según el reporte, los grupos más vulnerables a la crisis socioeconómica serán las mujeres, las personas de estratos e ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, y las personas en situación de calle.
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¿Cómo responder a la crisis?
El Coneval expresó que ante estos escenarios es indispensable diseñar una estrategia para afrontar los efectos que esta emergencia detonará para los grupos de población más vulnerables en cuanto a condiciones de bienestar, económicas y de derechos sociales. Asimismo, recuperar una trayectoria de crecimiento económico incluyente, mediante el impulso de las medidas a mediano y largo plazos, con la finalidad de construir un sistema de protección social con enfoque de derechos sociales resiliente a eventos críticos o de crisis.
Las medidas de mediano y largo plazo que el gobierno deberá implementar para enfrentar la crisis, según el Consejo son:
- Garantizar que las familias mexicanas cuenten con el capital necesario a fin de amortiguar los efectos de la falta de ingresos y las repercusiones en la economía nacional.
- Garantizar entre los servicios básicos de la vivienda el acceso a agua potable, debido a que el análisis arrojó que más de 9 millones de personas habitan en viviendas sin suministro potable.
- Desarrollar nuevos mecanismos institucionales de coordinación y sistemas de identificación para todos los programas dirigidos a la población de bajos ingresos.
- Implementar un padrón único de beneficiarios que permita diseñar estrategias articuladas, el cual permitiría mejorar la dirección de los programas hacia la población en mayor desventaja, facilitando la atención de estos grupos en situaciones de emergencia como la actual.
- Consolidar la protección social en pensiones, estableciendo una pensión universal mínima de retiro y de invalidez para todos financiada con impuestos generales, así como medidas de seguridad para la población vulnerable que garantice riesgos, tales como el seguro de desempleo, renta básica ciudadana y piso mínimo solidario.
Por otra parte, la CEPAL propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) para toda la región de Latinoamérica y el Caribe, equivalente a una línea de pobreza, durante seis meses, a toda la población en situación de pobreza en 2020, es decir alrededor de 215 millones de personas. Esto implicaría un gasto adicional del 2.1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.
Añadió que es necesario superar desafíos operacionales, como la bancarización de la población, completar los registros sociales, actualizarlos e interconectarlos, contemplando que en el mediano y largo plazo se debe garantizar el ejercicio de los derechos mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social, introducir un sistema de cuidado y la implementación gradual de mecanismos innovadores de financiamiento sostenibles.
“Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a través de un nuevo pacto social/fiscal ”, expresó la CEPAL.
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Con información de CONEVAL y CEPAL.
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