¿Puede el gobierno mexicano usar a las maquiladoras para enfrentar la pandemia?
México, que es país maquilador, podría tener acceso preferente a los bienes que aquí son producidos para hacer frente a la pandemia de Covid-19, pero no es tan sencillo.
El jueves 9 de abril, el gobierno de Baja California cerró una planta de Smiths Medical que fabrica partes para respiradores mecánicos en Tijuana.
El argumento del gobierno estatal es que, aun aprovechando trabajadores e infraestructura mexicanas, la empresa se negó a vender parte de su producción al gobierno de nuestro país. Según informó el Gobernador Jaime Bonilla, la empresa dijo “que los estábamos extorsionando, pero lo que queremos son ventiladores y no los queremos prestados ni regalados”.
Conforme ha avanzado la epidemia, se ha intensificado un debate respecto a los alcances que podría tener el gobierno mexicano frente a la maquila de nuestro país para hacerse de los insumos que probablemente nos serán insuficientes. México, que es país maquilador, ¿debería tener acceso preferente a los bienes que aquí son producidos?
En una entrevista reciente, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, se lamentó de no haber frenado la venta que hizo México de cubrebocas a China en febrero, cuando ya se sabía de la necesidad de ellos que pronto tendría nuestro país. Dicho debate se ha alimentado con las acciones que otros gobiernos han tomado para hacerse de insumos necesarios. Estados Unidos le ordenó a General Motors producir ventiladores artificiales y a 3M dejar de exportar cubrebocas N95 a Canadá (hasta que llegaron a un acuerdo). Turquía, por otro lado, secuestró un avión con respiradores artificiales chinos por los que España ya había pagado, Francia decomisó millones de cubrebocas pertenecientes a una empresa sueca y Estados Unidos se “robó” pagando al triple de su valor, un cargamento de suministros médicos que Francia ya había comprado, momentos antes de que despegara de Shanghái.
En tal contexto, el alcance que el gobierno mexicano pudiera tener frente a la planta productiva privada del país es un tema importante. No han sobrado los escándalos por falta de equipo de seguridad para los médicos y hay quien pronostica que en México podría haber un déficit de hasta 30,000 respiradores artificiales. En estas circunstancias, ¿podría el gobierno mexicano intervenir en el mercado privado, ordenándole a las empresas disponer de toda o parte de su producción en México? Por supuesto. Veremos por qué.
El artículo 4° de la Ley de Comercio Exterior faculta al Presidente de la República para restringir la exportación de productos en casos de urgencia. Igualmente, el artículo 73 de la Constitución Federal autoriza al Consejo de Salubridad General a tomar las medidas preventivas indispensables para hacer frente a una emergencia sanitaria. Asimismo, el mismo artículo 73 señala que las disposiciones del Consejo de Salubridad General serán obligatorias para todas las autoridades administrativas del país, entre las que se encuentran el SAT y las aduanas. Con ello, es claro que ante la presencia de una pandemia, el Presidente, así como el Consejo de Salubridad General, tiene facultades suficientes para restringir la salida de nuestro país de bienes esenciales para hacerle frente a la emergencia. La imposición de límites a las exportaciones (llamadas cuotas de exportación), no sería ni siquiera novedosa ni atípica. Una de las últimas restricciones que México se auto impuso en materia exportaciones ocurrió en 2017, cuando la Secretaría de Economía limitó la exportación de azúcar mexicana hacia Estados Unidos, y tan recientemente como enero de este año, Estados Unidos limitó la exportación de software de inteligencia artificial a China, por razones de seguridad nacional.
Algunos especialistas señalan que los límites más importantes son fiscales, puesto que la mayoría de nuestras maquiladoras no tienen autorización del SAT para vender en México, sino que son empresas que deben importar temporalmente componentes, procesarlos, y exportarlos definitivamente del país, so pena de pagar en México el IVA de todo lo que aquí se quede. Eso es un límite artificial. Ante una emergencia que pone en riesgo la vida, el Consejo de Salubridad General, junto con el Ejecutivo Federal, podría otorgar las facilidades administrativas necesarias para que las maquiladoras introduzcan al mercado nacional lo que en condiciones ordinarias sólo debería ser exportado.
Cabe destacar que Smiths Medical, a pesar de ser una subsidiaria con accionistas extranjeros, es una empresa mexicana que opera bajo la razón social Smiths Healthcare Manufacturing, S.A. de C.V., y que por mandato constitucional se encuentra sujeta a las leyes mexicanas. Hay quienes, ante la posibilidad de una intervención gubernamental en una empresa privada, oponen la idea del libre mercado. No obstante, hasta los economistas Friedrich Hayek y Milton Friedman, sus campeones, reconocieron en vida la existencia de las fallas inherentes al libre mercado y la necesidad de la intervención gubernamental mediante la imposición de límites a la propiedad privada. Tanto Hayek como Friedman reconocían que los mercados libres fallan y producen, entre otros tipos de fallas, monopolios, lo que requiere la imposición de límites a libertad de la empresa privada de vender al precio que se le dé la gana. En el contexto de la pandemia, tampoco sería lógico dejar enteramente que la fuerza del mejor postor gobierne el suministro de los bienes que una sociedad necesita para enfrentar la amenaza, cuando son los individuos de esa sociedad y su misma infraestructura las que los producen.
Cerrar la planta de Smiths Medical fue una decisión equivocada. Primero, porque el Gobierno de Baja California no es la autoridad competente, y segundo, porque acabar con la producción no le beneficia a nadie. Eso es lo que pasa cuando quien sí tiene el mandato legal y las herramientas para hacerlo deja un vacío de poder del tamaño que tenemos en México. Quien sí tiene el mandato legal y las herramientas necesarias es el Gobierno Federal, quien podría imponer cuotas de exportación a la maquila mexicana que produce los suministros médicos que México necesita. No es confiscación, sino límites legítimos al comercio exterior.
Eduardo Rusconi es abogado con maestría en Derecho Internacional Económico y de los Negocios (Universidad de Kyushu, Japón) y maestría en Derecho Fiscal Internacional (Universidad de Melbourne, Australia). Es Mediador Privado certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y socio de Rusconi Abogados.
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