¿Cómo debería el gobierno enfrentar la crisis económica del covid 19?
Entre economistas hay consenso en que el cierre masivo de empresas y la pérdida de empleos están entre los mayores peligros económicos de esta crisis. Nuestro analista Eduardo Rusconi aporta posibles soluciones.
La crisis económica es inevitable, y con ella, también son inevitables las pérdidas. No obstante, hay pérdidas soportables y aquellas que no lo son; esto es, aquellas que destruyen la capacidad productiva, quiebran empresas y echan a sus empleados a la calle. Aunque las pérdidas son inevitables, la destrucción de la capacidad productiva del país no lo es. Por ello, los esfuerzos del Gobierno Federal deben enfocarse en que las pérdidas sean absorbidas por aquellos que mejor pueden resistirlas y en que, sobre todo, las empresas y sus empleados sobrevivan.
Las diversas vulnerabilidades de los sectores formal e informal
Entre los economistas parece haber un consenso en que los mayores peligros económicos de esta crisis son, por un lado, la seguridad alimentaria de los más vulnerables, y por otro, el cierre masivo de empresas y la pérdida de empleos. El primero de los peligros es más inmediato. En México, millones viven al día con trabajos informales sin seguridad social. Para muchos en esa situación, la cuarentena no ha existido: si la realizaran, se quedarían sin comer. Pero también hay quienes no han podido salir a ganarse la vida puesto que su trabajo ya desapareció. Pienso, por ejemplo, en los vendedores ambulantes que, a causa de la cuarentena, se han quedado sin clientes.
Los trabajadores informales son los más vulnerables en lo inmediato, pero también es el sector más resiliente debido a su casi completa ausencia de costos indirectos. La economía informal no va a desaparecer a causa de la crisis sanitaria, sino que, quizás, se va a intensificar. En general no paga renta ni nómina, o si acaso, lo hace sin seguridad social, no tiene personal administrativo ni inversiones que depreciar. Esto es, la economía informal no tiene costos indirectos y lo que requiere para subsistir es, básicamente, el mercado. Y ese va a estar ahí: los mexicanos seguiremos consumiendo los productos y servicios de menor valor agregado que en la economía informal suelen ser más baratos.
Si la economía informal es más resiliente por carecer de costos indirectos, las empresas formales son más vulnerables por la razón contraria, esto es, por los gastos que no pueden dejar de sufragar: rentas, nóminas de personal operativo y administrativo (por lo menos los honorarios de un contador externo), inversiones que depreciar e impuestos. También, algunas pagan regalías, como es el caso de las franquicias; o intereses, como es el caso del changarro que obtuvo un pequeño préstamo del banco o de las empresas que emiten bonos.
Ambos sectores, el informal y el formal, requieren de ayuda durante la crisis, pero cada uno de manera distinta. El vendedor de fruta requiere mantener a su familia, y eso puede solucionarse a través de algún tipo de transferencia directa, mediante alguno de los padrones que el Gobierno Federal ya utiliza. Las empresas formales, por el contrario, requieren aligerar sus costos indirectos durante el cierre de la economía y hasta que el mercado interno adquiera algún nivel de normalidad. Esos costos indirectos, en general, suelen ser las rentas, los intereses, los pagos de regalías y, sobre todo, las nóminas.
Cómo sortear la crisis económica que ya nos amenaza
Con un declive de la actividad económica como el que estamos experimentando, las pérdidas son inevitables, pero lo que no es inevitable es que las pérdidas recaigan por completo en las empresas. Ello se podría lograr de dos maneras: mediante la implementación de una moratoria general en el pago de rentas, intereses y regalías, y mediante la suspensión temporal del pago de cuotas de seguridad social.
Respecto a las rentas y regalías, la moratoria gubernamental podría ser parcial (suspendiendo dichos pagos en un 50%). Esto tendría el efecto, por un lado, de que las familias o inversionistas que perciben esas rentas o regalías no se queden sin ingresos, y por el otro, reduciría a la mitad uno de los costos indirectos más onerosos. Francia ya implementó su propia versión de una moratoria de rentas. Lo mismo han hecho Portugal y El Salvador. El Partido Laborista británico ha solicitado algo similar para personas afectadas por el virus, y el argumento a favor ya fue expuesto en el New York Times.
Además, tiene sentido conceder a los arrendatarios descuentos parciales, temporales, a cambio de evitar desocupaciones masivas. Lo que no tendría sentido es saturar a los tribunales con juicios por falta de pago e inundar el mercado con miles de desocupaciones simultáneas. Los arrendadores y licenciatarios que dejen de recibir parcialmente rentas y regalías indiscutiblemente sufrirían pérdidas, pero no se destruirá su capacidad productiva. Después de la emergencia, podrán continuar cobrando rentas y regalías, siempre y cuando las empresas y los salarios que las pagan estén ahí.
En el caso de los intereses, algo similar ya sucede actualmente en la banca mexicana, aunque sólo respecto a los intereses moratorios. Una acción decisiva podría extender la suspensión de intereses a toda la economía nacional. Eso sería más sensato que provocar incumplimientos generalizados en la cadena de pagos y, dado que es fácil dotar a la banca mexicana de liquidez ilimitada a través del Banco de México, el sistema financiero es uno de los sectores menos vulnerables. Además, si el G7 ya está considerando suspender los pagos de las naciones más pobres, podría aplicarse la misma lógica en lo local.
La nómina debe ser tratada de manera diferente
Para preservar las fuentes de trabajo, el Gobierno Federal debería, temporalmente, eliminar una parte y absorber el resto de las cuotas de seguridad social.
Las cuotas de seguridad social están compuestas por cinco rubros: “Enfermedades y Maternidad”, “Invalidez y Vida”, “Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez”, “Guarderías” e “Infonavit”. Todas ellas podrían esperar, excepto las cuotas de Enfermedades y Maternidad, que son las que sufragan los servicios médicos del IMSS. En este sentido, todas las cuotas de seguridad social, excepto las de Enfermedades y Maternidad, podrían ser suspendidas temporalmente sin poner en riesgo los servicios médicos que, naturalmente, hoy son prioridad. Las cuotas de Enfermedades y Maternidad representan alrededor de dos terceras partes del costo fiscal de los salarios y alrededor del 20% del costo de las nóminas.
Lo que el Gobierno Federal debería implementar es un programa que absorba la totalidad de las cuotas de Enfermedades y Maternidad, y que suspenda temporalmente el resto de las cargas de seguridad social. Dicho beneficio podría aplicarse sólo a las empresas que se hayan visto forzadas a cerrar. De acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación para 2020, el Gobierno Federal presupuestó recaudar $374,003 millones de pesos de cuotas de seguridad social provenientes de patrones y trabajadores. Si el Gobierno Federal absorbiera, por seis meses, sólo las aportaciones patronales en aquellas empresas que han tenido que cerrar, el monto del estímulo difícilmente rebasaría el 40% de la recaudación anual originalmente estimada. Con ello, el Gobierno Federal tendría que asumir cerca de $150,000 millones de pesos, equivalentes a menos de la mitad de los $327,404 millones de pesos en bonos colocados durante 2019 por el Banco de México, o al 100% de la deuda colocada por la Secretaría de Hacienda al 22 de abril en mercados internacionales. Esos $150,000 millones de pesos, asimismo, representan el 0.8% del PIB del año pasado, lo que es un incremento muy marginal en el nivel de endeudamiento frente problema que tenemos encima.
Los bonos colocados por el Banco de México son instrumentos de política monetaria y no de financiamiento. Por ello, el Banco de México no puede trasladar el producto de esos bonos al Gobierno Federal para financiar el gasto. No obstante, el Gobierno Federal sí puede colocar bonos propios, y el volumen de la colocación efectuada el año pasado por el Banco de México demuestra la existencia de demanda interna por instrumentos de deuda denominados en pesos. Asimismo, idealmente, esa deuda debería consistir en pesos, y no dólares, lo que eliminaría el riesgo cambiario y haría que la deuda disminuya con el tiempo de manera proporcional a la inflación. Además, la circunstancia de que los recursos adicionales serían utilizados para pagar cuotas de seguridad social elimina la necesidad de adquirir deuda en dólares.
En resumen, si lo que queremos es preservar la capacidad productiva y el mayor número de empleos, la respuesta gubernamental debería consistir en mecanismos que trasladen parte de los costos indirectos de las empresas (rentas, regalías e intereses) hacia aquellos sectores que tengan mejor capacidad de resistirlos, y trasladar al Gobierno Federal la carga fiscal de las nóminas, para que este la absorba a través de deuda, preferentemente denominada en pesos. Ello disiparía mejor en la sociedad el costo de la crisis, ayudaría a las empresas en sus costos indirectos, haría que las transferencias gubernamentales abaraten el costo del empleo, y evitaría que el gobierno se endeude en dólares. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que la destrucción de empresas y empleos, así como su impacto en la recaudación y la cadena de pagos, nos causen mucho más dolor del necesario.
Lee más columnas de este autor. Te recomendamos: ¿Puede el gobierno mexicano usar a las maquiladoras para enfrentar la pandemia?
Eduardo Rusconi es abogado con maestría en Derecho Internacional Económico y de los Negocios (Universidad de Kyushu, Japón) y maestría en Derecho Fiscal Internacional (Universidad de Melbourne, Australia). Es Mediador Privado certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y socio de Rusconi Abogados.
Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.
