Los diputados aprobaron incrementar las penas contra los feminicidios, pero legislar es insuficiente, pues hay una altísima tasa de impunidad.
La Cámara de Diputados aprobó unánimemente aumentar la pena contra los feminicidios a entre 45 y 65 años de cárcel. Actualmente la pena es de entre 40 y 60 años. En entrevista para El Contribuyente, Fernando Senties, abogado consultor en ética organizacional y combate a la corrupción y creador de AMITAI opinó que “subir las penas a entre 45 y 65 años es dar atole con el dedo, porque bastaría con que se les aplicaran 40 años, pero que realmente se les aplicaran a todos”.
La tasa de impunidad de nuestro país es del 97%, lo que quiere decir que sólo se castiga el 3% de los delitos, entre los que se incluyen los feminicidios. Por ello, Senties argumenta que lo que hace falta no es legislar más.
“Es un problema de impunidad, no de leyes”, dice.
La Cámara de Diputados también aprobó unánimemente incluir tanto el acoso y el hostigamiento sexual en el Código Penal Federal. La propuesta plantea sanciones de hasta 800 días de multa (además de las penas laborales y administrativas pertinentes). Si la persona acosadora u hostigadora es un servidor público que se vale de su posición para cometer el ilícito, sería destituido de su cargo e inhabilitado para ocupar otro cargo público durante cinco años.
Senties explica que lo que la reforma pretende además de aumentar las penas, es introducir un nuevo párrafo “donde están quitando la relación de subordinación como condición para que se considere como delito”.
Actualmente sólo está contenida la figura del hostigamiento sexual, que requiere que haya una relación de subordinación para que exista el delito. De aprobarse esta iniciativa, ya no sólo se considerará el delito cuando haya de por medio una subordinación, sino que podrá considerarse dentro de un matrimonio, o cualquier relación, como de amistad o familia.
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Por su parte, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Protocolo para la prevención, atención y sanación del hostigamiento sexual y acoso sexual, en el cual se establecen las bases “de actuación para la implementación uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.
Al referirse a los alcances de lo que se podría lograr en México, Senties puso el ejemplo del caso de Perú (uno de los países latinoamericanos peor evaluados), país en el que en un año el porcentaje de gente que justificaba el acoso sexual pasó de 22% al 14% debido a que tipificaron al acoso sexual como delito y porque se difundió el tema correctamente para concienciar sobre el problema.
“Una de cada 4 personas justifica el acoso sexual en el trabajo. Lo que esto quiere decir es que ni siquiera lo ven como acoso sexual y eso es grave, porque esto tiene muchas implicaciones para la empresa”, explicó.
Fernando Senties mencionó que sí ve a las empresas tomando acciones y haciendo protocolos de actuación contra el acoso sexual.
Sin embrago, lamenta que “lo que inhibe estas conductas es saber que vas a pagar una pena y cuando la gente sabe que aunque la ley exista no se va pagar la pena, no inhibe la conducta”, que es lo que generalmente pasa con nuestro sistema judicial.
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