La iniciativa de reforma contra el outsourcing será analizada a través del sistema de parlamento abierto, para conocer las posturas de empresarios y especialistas.
El 3 de diciembre, el senado aprobó en comisiones un proyecto de reforma para combatir la subcontratación o outsourcing.
Pero la discusión y aprobación de la iniciativa en el pleno del senado fue pospuesta. Esto se hizo para que el proyecto de reforma sea analizado a través del sistema de parlamento abierto. Lo que se busca es conocer las posturas de la iniciativa privada y las opiniones de los especialistas.
Fecha del parlamento abierto
De acuerdo con el presidente de la comisión del trabajo y previsión social del senado, Napoleón Gómez Urrutia, el parlamento abierto para analizar la regulación del outsourcing se llevará a cabo el próximo 12 de febrero.
El legislador aclaró a través de un comunicado que la propuesta no pretende eliminar la subcontratación. Pero dijo que es un paso importante para regularla y controlarla. Esto bajo un sistema más estricto.
El objetivo de la reforma será evitar el outsourcing ilegal o agresivo. Porque con esta figura las empresas simulan que no existe una relación laboral, evaden el pago de impuestos y sus contribuciones al seguro social.
La figura de outsourcing o subcontratación es necesaria
Gómez Urrutia dijo que es innegable que la figura del outsourcing es necesaria. Porque sirve para el desarrollo de diversas actividades y funciones que algunas empresas o entidades públicas llevan a cabo.
Pero el senador dijo que en la práctica muchas empresas han desvirtuado la razón de ser del outsourcing. Esto se debe a que utilizan la figura de la subcontratación como un medio de explotación laboral para las personas trabajadoras, violándose sus derechos laborales y de seguridad social.
Evasión de las empresas de outsourcing o subcontratación
“Para nosotros hay outsourcing legal o ilegal, y hay que ver cómo se puede aplicar sin evadir al fisco ni violar los derechos de los trabajadores. El tema está asociado con los factureros y evasión al fisco, que ya son delitos graves. Se estiman pérdidas de 500 mil millones de pesos a nivel nacional por este concepto y con más de 8 millones de trabajadores bajo este esquema”, señaló el senador Gómez Urrutia.
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