Especialistas y contribuyentes todavía tienen miedo de las repercusiones de la extinción de dominio y la Ley Antifactureras.
La extinción de dominio es el instrumento jurídico con el que una persona puede perder el derecho de propiedad sobre bienes de origen ilícito o usados para cometer hechos ilícitos. Los bienes pasan al poder del Estado, luego de la sentencia de una autoridad judicial, sin ningún tipo de compensación o contraprestación. Es decir, el gobierno no tiene que pagar ni dar nada a cambio.
En México, esta ley existe desde 2008. El problema es que nunca ha funcionado bien y no ha conseguido buenos resultados. Por eso, en julio de este año, el Congreso de la Unión aprobó el dictamen de Ley Nacional de Extinción de Dominio. Pero esta nueva versión ha sido calificada como deficiente y que podría llegar a causar abusos de poder.
Por el otro lado está la Ley Antifactureras que tiene a todos los empresarios nerviosos, pues plantea hacer de la defraudación fiscal un crimen equiparable a la delincuencia organizada y una amenaza contra la seguridad nacional. Además, persigue tres delitos básicos:
- Compra y venta de facturas
- Defraudación fiscal
- Defraudación equiparada
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
- Código Fiscal de la Federación
- Código Penal Federal
- Ley de Seguridad Nacional
Según algunos especialistas, estas dos leyes generarán una mayor carga administrativa a los contribuyentes. Además, están causando miedo y alejando la inversión.
No saben cómo se implementará la extinción de dominio
De acuerdo con Jaime Espinosa, de la firma de abogados Hogan Lovells, uno de los mayores problemas es que no se sabe cómo se armarán los casos. Es decir, no se sabe qué procedimientos usarán la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República.
Además, las empresas privadas tendrán que realizar una parte del trabajo del SAT. Esto porque, de ahora en adelante, tendrán que verificar que sus proveedores no estén en la lista negra y que no estén relacionados con ningún tipo de evasión de impuestos.
Otra de las grandes preocupaciones es que si alguien renta un terreno y ahí se llevan a cabo actividades ilegales, se puede aplicar la extinción de dominio sobre ese terreno. Eso significa que el Estado podría apropiarse de él directamente.
Con información de El Economista.
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