Algunos especialistas creen que las sanciones fiscales podrían ahuyentar la inversión de México.
El 4 de septiembre la Comisión de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen para hacer de la defraudación fiscal crimen organizado. Como ya fue aprobada por la comisión, hoy se discutirá en el pleno. Las leyes reformadas serán:
- Código Penal Federal
- Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
- Ley de Seguridad Nacional
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Código Fiscal de la Federación
Parece que los empresarios ya empiezan a sentir el miedo. De acuerdo con algunos especialistas, las grandes sanciones fiscales como la prisión preventiva oficiosa podrían ahuyentar la inversión. Por ahora, senadores de Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional quieren eliminar la parte de prisión preventiva en el pleno del senado. Según estos senadores, si no lo logran en esta etapa, llegará sin modificaciones a la Cámara de Diputados, donde la mayoría de Morena la aprobará sin cambios.
¿A qué le temen las empresas?
Por ahora, la reforma cuenta con los siguientes puntos:
- Cuando tres o más personas que en forma constante y permanente tienen como actividad defraudar al fisco federal, con redes de delincuencia organizada, serán sancionadas como miembros del crimen organizado. En este sentido, el monto de lo defraudado deberá ser de mínimo 7 millones 804 mil 230 pesos.
- Se impondrá la misma sanción al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.
- Los actos ilícitos contra el fisco serán considerados amenazas a la seguridad nacional.
- Habrá una sanción de cinco a ocho años de cárcel a quien adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Se aplicará la misma sanción a quien anuncie o publique la venta de estos comprobantes.
- Cuando se trate de un servidor público, será destituido e inhabilitado de uno a 10 años. Además recibirá de tres a seis años de cárcel.
Empresas legales no deben temer
Según reporta Sin Embargo, Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, ha dicho que las empresas no deben tener miedo a estas nuevas medidas porque no será un tema arbitrario, ya que hay varios filtros antes de que se persiga penalmente a un contribuyente.
En primer lugar, el SAT debe determinar si hay delito fiscal o no. Después debe pasar por la Procuraduría. Después, por la Fiscalía. Por último, la Fiscalía debe llevar el caso a un juez.
En segundo lugar, las sanciones fiscales solamente afectan a las empresas que “en forma constante y permanente llevan a cabo actividades ilícitas cuyo fin es evadir al fisco federal”. Una empresa normal, aunque compre o venda facturas falsas alguna vez, no cae en ese supuesto.
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