Las iniciativas de reforma promovidas por tres senadores y turnadas a la Cámara de Diputados, han sido calificadas como terrorismo fiscal.
Como reportamos hace algunas semanas, el senador Samuel García de Movimiento Ciudadano (MC) promovió una iniciativa para incrementar los poderes de fiscalización de la autoridad. Algunas de las medidas propuestas por él son incrementar las penas contra los factureros y que la defraudación fiscal amerite prisión preventiva oficiosa cuando el monto defraudado sea superior a 2.6 millones y sea, además, calificado.
También propone que se integre a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 2, la fracción VIII Bis, que considere delincuencia organizada a la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparable, tal como se definen en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación (CFF).
Esta propuesta, junto a otras dos, emitidas por los senadores Alejandro Armenta y la senadora Minerva Ramos, de Morena y el PAN, respectivamente, fue aprobada con algunas modificaciones y turnada a la Cámara de Diputados.
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La reacción de la oposición
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que el bloque opositor en el senado, también compuesto por los partidos PAN, MC y PRD, interpondrá una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma, reporta El Economista.
El presidente del PRI aseguró que su partido está a favor de combatir la evasión fiscal y a las empresas fantasma.
Sin embargo, dijo que están “absolutamente en contra de la reforma”, a la que llamó una medida “absolutamente desproporcionada”.
El priísta equiparó la reforma a criminalizar la actividad económica en México.
“El terrorismo fiscal no lo podemos permitir”, dijo.
El político se mostró confiado de poder reunir las 44 firmas requeridas en el senado para interponer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Lo cual parece altamente probable, considerando que los partidos que conforman el bloque de oposición suman un total de 51 senadores.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se pronunció en contra de llamar terrorismo fiscal a la fiscalización de la autoridad. Sin embargo reconoció estar en contra de algunos puntos de la reforma.
“Vamos a seguir insistiendo en los puntos que todavía nos faltan, pero los puntos pendientes prefiero discutirlos con los legisladores y después comentarlo con ustedes”, expresó el presidente del CCE.
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