Expedir facturas falsas te costará hasta 8 años de cárcel
Ya es casi seguro que expedir facturas falsas conllevará una pena de hasta 8 años de cárcel.
Desde que estaba en campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador propuso que la expedición de facturas falsas se considerara un delito grave. Al principio, Morena quería lograr 10 años, pero parece que se tendrán que conformar con ocho años de cárcel.
Los senadores de varios partidos llegaron al acuerdo de cinco a ocho años de cárcel por este delito. Actualmente, la Comisión de Hacienda discute reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación (CFF).
Hasta ahora, ya llegaron a la decisión de cambiar el artículo 113 bis del CFF. En él se habla de que habrá tres a seis años de prisión para el que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Los senadores buscan que estos delitos sean considerados graves y que ameriten prisión preventiva.
En cambio, todavía no llegan a un acuerdo sobre el delito de defraudación fiscal. Por un lado, la Fiscalía y los representantes del gobierno quieren que también sea delito grave con prisión preventiva. Por el otro, organizaciones de la sociedad civil y empresariales no están de acuerdo.
Qué pasa con quienes expiden facturas falsas hoy
Actualmente, si emites este tipo de facturas el Servicio de Administración Tributaria publicará el nombre de tu empresa en el Diario Oficial de la Federación. Aquí todavía puedes presentar evidencia para desmentir estas sospechas. Si estas evidencias no son suficientes, publicarán otra lista definitiva donde están todas empresas a las que se les cancela el certificado de sello digital; sin el certificado, ya no pueden emitir facturas.
Bajo el esquema actual, no se puede ir directamente por los líderes de las organizaciones que defraudan. Recordemos que, como hemos señalado anteriormente, “lo más común es que las empresas que hacen lavado de dinero tienen como accionistas a personas de bajos recursos o de la tercera edad, que suelen firmar por necesidad (o bajo amenaza) y sin conocimiento de la situación.”
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