A veces pareciera que se habla de las compañías offshore y de las empresas fantasma de forma intercambiable. Sin embargo, se trata de fenómenos distintos.
Parece irremediable. Cada que sale una noticia sobre desfalcos al erario o sobre esquemas de defraudación fiscal se suele hablar de empresas offshore o empresas fantasma. Esto hace que para muchos ambas palabras signifiquen algo como “empresa fraudulenta mediante la que se comenten delitos”. Esta definición no es del todo falsa. Sin embargo, sí es bastante imprecisa.
¿Qué es realmente una empresa offshore?
Offshore literalmente significa ‘ultramarino’ en inglés. Es decir, refiere a algo que se encuentra del otro lado del océano.
En el ámbito de los negocios puede referirse a una empresa que envía una fracción de sus operaciones (o ganancias) a otro país debido a algún tipo de ventaja competitiva. Pensemos, por ejemplo, en una automotriz alemana que abre plantas de ensamblaje en México debido a menores costos de mano de obra o la cercanía con los Estados Unidos.
Sin embargo, cuando nos referimos a defraudación fiscal, no es acerca de esto de lo que hablamos. Nos referimos a casos como los revelados por los Panama Papers. Cuando contribuyentes (sean personas físicas o morales) de un país trasladan sus ingresos a otro. En este punto hay que hacer algunas precisiones, pues no todos los casos constituyen un crimen.
¿Cuándo puede realizarse legalmente?
El offshore puede ser perfectamente legal siempre que se cumpla con, al menos, dos condiciones:
- Que se haya pagado el impuesto correspondiente al fisco del país en el que se produjo el ingreso.
- Que los ingresos no sean de origen ilícito.
Según la Ley del ISR, los ciudadanos mexicanos o de cualquier otro país están obligados a pagar impuesto sobre la renta si la fuente de riqueza está ubicada en México. Así, un empresario, sin importar su nacionalidad, deberá pagar al SAT el impuesto correspondiente si su empresa está ubicada en nuestro país.
Algunos contribuyentes trasladan sus ingresos sin declarar, para evitar pagar impuestos sobre esos ingresos. Aprovechan las bajas o nulas tasas impositivas y las normas de secrecía de las instituciones financieras de algunos países. Así, el fisco del país donde se produjo la riqueza no se da cuenta. Sin embargo, estos esquemas de evasión fiscal cada vez son más complejos, pues algunos países, como Suiza, han renunciado al secreto fiscal.
Además, México cada vez cuenta con más tratados internacionales con los cuales los fiscos de otros países comparten con el SAT la información de las cuentas financieras que los contribuyentes mexicanos tienen en otros países (como el proyecto BEPS o el FATCA).
¿Cuándo es ilegal usar una offshore?
En segundo lugar, grupos criminales como cárteles de narcotráfico o grupos terroristas aprovechan el anonimato de las sociedades offshore para lavar dinero, triangulándolo. La idea es que sacan del país dinero adquirido ilícitamente y mediante empresas fachadas lo reintroducen.
Por poner un ejemplo reciente, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, anunció que se busca al ex presidente de Pemex, Emilio Lozoya, por presuntamente haber incurrido en ambos crímenes. Nieto explicó que AHMSA, de quien Alonso Anciera es presidente del consejo de administración, transfirió 3.7 millones de dólares a una filial de Odebrecht. Ésta a su vez transfirió el dinero a una empresa suiza, cuyos accionistas eran Emilio Lozoya y su hermana. Por medio de esta última se reintrodujo el dinero a México, adquiriendo bienes inmuebles, entre otros.
Según el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, se presume que Lozoya realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues hay un presunto cohecho detrás. Además se presume una posible defraudación fiscal.
¿Qué es una empresa fantasma?
Las empresas fantasma son aquellas que emitieron comprobantes fiscales por operaciones que jamás se realizaron, y que con frecuencia no cuentan con la infraestructura, personal o capacidad para prestar los servicios o vender la mercancía amparada en los comprobantes. Esto suele hacerse como parte de un esquema de evasión de impuestos conocido como esquema carrusel.
Primero la empresa facturera vende facturas por un valor de entre el 4 y el 8% de lo amparado por el comprobante a otra empresa. Si la empresa que adquirió el comprobante compró una factura que ampara un gasto de 1 millón de pesos, le habrá tenido que pagar a la facturera entre 40 y 80 mil pesos.
Sin embargo, la empresa que adquirió el comprobante podrá deducir su base gravable (la fracción de sus ingresos sobre la que se cobra impuestos) en 1 millón de pesos. En consecuencia, dada la tasa del ISR del 30%, habrá dejado de pagar 300 mil pesos en impuestos. Es decir, considerando que la factura le costó entre 40 y 80 mil pesos, obtuvo una utilidad ilegal de entre 260 y 220 mil pesos.
Anteriormente, para aumentar sus márgenes de ganancia, las factureras aprovechaban una característica del calculo del pago del IV. El IVA desglosado en el CFDI de un millón de pesos, a una tasa del 16%, sería de 160 mil pesos. Para no pagar estos 160 mil pesos al SAT, la empresa fantasma adquiría otra factura del mismo valor a otra empresa fantasma. De esta manera justificaba ante el SAT haber pagado un IVA de 160 mil pesos, por lo que ya no tenía que enterar el IVA por el mismo valor retenido por la venta factura. La segunda empresa fantasma a su vez adquiría otra factura por el mismo valor a una tercera, y la tercera a una cuarta…
Para el momento en que la autoridad se daba cuenta, las empresas fantasma ya se habían desvanecido en el aire, por lo que muchísimas veces ni siquiera podían fincar responsabilidades. Se calcula que de 2014 a 2019 se facturaron alrededor de 2 billones de pesos por este medio.
Otro crimen efectuado por medio de empresas fantasmas es el de desvío o malversación recursos públicos. Basta recordar casos infames como el del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien usó comprobantes fiscales expedidos por empresas fantasma para justificar gasto público que no se destinó a lo que debería. Se presume fue a parar a las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Otros casos análogos son los del ex gobiernador del estado de Veracruz, el también priísta Javier Duarte, o de la llamada Estafa Maestra.
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