Se trata de programas anticorrupción que están relacionados porque algunos de sus elementos coinciden, pero uno es mexicano y el otro retoma las mejores prácticas a nivel internacional.
Como parte de las reformas que hicieron posible el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), hace más de un año entró en vigor la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), con la que se establecieron faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos y de particulares, así como las sanciones por sus actos u omisiones.
La ley alienta a las empresas a implementar una política de integridad, que también es conocida como programa de cumplimiento. Dalia Sierra Ramírez, socia de Forensic and Integrity Services (FIS) de Ernst & Young (EY), explicó que la política de integridad sirve a las empresas para crear un sistema de prevención, detección y disuasión de corrupción dentro de las organizaciones.
Al participar en la Conferencia Anticorrupción Coparmex 2019, la especialista dijo que las políticas de integridad tienen que estar adecuadas a las necesidades y dimensiones de las empresas, porque lo que es bueno para una empresa muy grande no necesariamente sirve a una mediana o pequeña.
Por eso, Sierra Ramírez recomendó que antes de implementar la política de integridad, las empresas se sometan a un análisis de riesgos en materia de corrupción, para saber cuáles son las áreas vulnerables y poder diseñar controles específicos.
El evento fue organizado recientemente por Coparmex Metropolitano del Estado de México y por el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento (IIEC), para promover prácticas anticorrupción en las empresas.
¿Qué elementos debe tener un programa de cumplimiento?
De acuerdo con EY, un programa eficaz de cumplimiento incluye los siguientes elementos:
Políticas y procedimientos: ayudan a establecer una cultura anticorrupción desde lo alto de la organización hacia todos los niveles. Comprende un programa de comunicación y capacitación, así como un marco de control interno.
Actividades proactivas: incluyen una evaluación de riesgos, actividades de monitoreo y procedimientos de due diligence, que consisten en investigaciones que se hacen sobre personas o empresas previas a la firma de contratos o inversiones.
Actividades reactivas: se debe establecer un programa anticorrupción, con protocolos específicos para reaccionar ante una denuncia, así como procedimientos adecuados para investigar, y un código de sanción para los empleados.
¿Qué sucederá con las empresas que incumplan la ley?
Las empresas pueden ser responsables si un empleado o tercero comete un acto corrupto en su nombre asegura EY. Pero la autoridad podrá tomar en consideración la política de integridad de la empresa para determinar su nivel de responsabilidad en el acto de corrupción.
Entre las sanciones aplicables se encuentran la inhabilitación para participar en licitaciones públicas por 10 años, la suspensión de actividades hasta por tres años y la disolución de la empresa.
Deficiencia en la política de integridad en México
Dalia Sierra Ramírez, de EY, dice que las compañías también pueden adoptar mejores prácticas internacionales, porque señaló que la política de integridad en México tiene una deficiencia: no habla de la disciplina en los registros contables, como se hace en la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), que es la ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero.
La especialista dice que la disciplina en los registros contables es importante, porque algunos de los casos más conocidos de corrupción se han caracterizado por el ocultamiento de la información. Como ejemplo mencionó el caso de Orthofix, una compañía que fabrica prótesis y que fue señalada por actos de corrupción relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), porque registraba los sobornos como dulces o regalos.
“Entonces muchas de las legislaciones a nivel internacional si consideran esta característica, que no menciona la ley aquí en México”, expuso.
Sierra Ramírez explicó que lo que está sucediendo es que las compañías comienzan implementando su programa anticorrupción, a la mejor con base en la ley mexicana, después empiezan a adoptar algunas mejores prácticas internacionales, y cuando ya se sienten listas para el siguiente paso inician su proceso para obtener la certificación de la ISO 37001.
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