Para la senadora Minerva Hernández Ramos, del PAN, es una contradicción que el artículo 6 constitucional establezca los derechos de acceso a las tecnologías de la información, y que paralelamente se esté gravando con un impuesto del 3 por ciento la prestación de esos servicios.
El impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) en telecomunicaciones es del 3%, pero recientemente se presentó una iniciativa en el Senado de la República para eliminar esa contribución.
Se trata de la propuesta presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional (PAN), con la que pretende derogar el IEPS que se aplica a los servicios de telecomunicaciones (Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, artículo 2, fr. II, inciso c, artículo 3, fr. XIV, XV y XVI, artículo 8, fr. IV, y artículo 18-a).
Al presentar la iniciativa, la legisladora explicó que lo que busca su propuesta es reducir la brecha digital, para impulsar el acceso igualitario a la información y el conocimiento, y para promover la innovación y el emprendimiento.
El IEPS contribuye a que la brecha digital permanezca o aumente
Hernández Ramos argumentó que estudios de la OCDE sobre telecomunicaciones en México, que se realizaron en 2017 y en 2012, señalan que el IEPS a los servicios de telecomunicaciones corre el riesgo de obstaculizar los niveles de adopción, innovación e inversión en el sector, porque se inhibe el crecimiento de estos servicios entre la población.
Además, dijo que parece un contrasentido que el artículo 6 constitucional establezca los derechos de acceso a las tecnologías de la información, de comunicación y a los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de banda ancha e internet, y que paralelamente la Ley del IEPS esté gravando con un impuesto del 3% la prestación de esos servicios.
La senadora afirmó que el IEPS en telecomunicaciones tiene una aportación muy limitada a las finanzas públicas, porque de 2014 al 2018 se recaudó menos de lo previsto en las respectivas leyes de ingresos, y dijo que es un impuesto que contribuye a que la brecha digital permanezca o incluso aumente.
“Impulsar una efectiva política pública de inclusión digital en México requiere que los servicios de telecomunicaciones no estén sujetos a cargas que ocasionan efectos no deseados sobre la productividad de otros sectores económicos”, expresó.
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