El centro de investigación Fundar ofrece un balance en materia de inseguridad, combate a la corrupción y disminución de la pobreza que deja el gobierno priísta.
Niveles históricos de homicidios dolosos en el país, la gran mayoría sin castigo; más de 35 mil personas desaparecidas o no localizadas y un mínimo porcentaje de sentencias por delitos cometidos son parte del saldo que deja el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el informe que presenta este miércoles el centro de investigación Fundar, según reporta el portal de noticias mexico.com.
En materia de seguridad, el gobierno de Enrique Peña Nieto deja máximos históricos en niveles de violencia. Las cifras de homicidios comenzaron a aumentar en la primera mitad que su gobierno, que inició en 2012 y alcanzó una cifra máxima de 25 mil 340 homicidios dolosos en 2017, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Se registraron 106 mil 801 homicidios dolosos de 2013 a abril de 2018, en un sistema con una impunidad superior al 95% y sólo se produjeron condenas en aproximadamente uno de cada diez casos de homicidio, ya que la mayoría no denuncia porque lo considera una pérdida de tiempo o no confía en la autoridad.
Desaparecidos
La cifra de personas desaparecidas alcanza los 35 mil casos al cierre del gobierno de Peña Nieto, esto es, 10 mil más que en el sexenio de Felipe Calderón. El informe destaca que se cuenta con un marco legal ampliado en el tema, pero la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas no cuenta con suficientes recursos y a las redes de familiares en búsqueda no siempre se les permite formar parte de las investigaciones aportando elementos para la localización de sus familiares.
Además de la carencia de elementos para la búsqueda de desaparecidos ha habido”manipulación de investigaciones penales, tales son los casos del “Operativo Oaxaca” del 19 de junio de 2016, (mejor conocido como Nochixtlán); y el caso de la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa“.
Combate a la corrupción
Uno de os principales pendientes en el país es el combate a la corrupción, que ha quedado claro no ha sido eficaz gracias a los instrumentos de medición creados. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México ha perdido 6 puntos y 29 lugares entre 2012 y 2017.
Tenemos además a 19 exgobernadores sujetos a proceso, investigados o en la cárcel por denuncias de desvío de recursos y otros actos relacionados con el daño a erario.
Política Migratoria
Aunque México ha tenido un discurso de defensa y respeto de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, no ha predicado con el ejemplo, pues cientos de miles de migrantes centroamericanos en suelo mexicano han sido víctimas de extorsión, secuestro y homicidio por parte de grupos del crimen organizado sin que el Estado garantice sus derechos fundamentales.
Las políticas del Instituto Nacional de Migración han orillado a los más de 140 mil migrantes —la mayoría centroamericanos— a tomar rutas cada vez más peligrosas que los dejan expuestos a las redes de trata y crimen organizado. Si bien el Plan Nacional de Desarrollo considera tener una política transversal en materia migratoria, la Comisión de Apoyo a Refugiados es aún una institución débil por la falta de recursos, señala en informe de Fundar
Política fiscal
La reforma fiscal de 2014 no ha logrado que México aumente sus niveles de recaudación que lo quiten de ser el último país en estos niveles entre los miembros de la OCDE. Además, no ha logrado una adecuada redistribución de la riqueza que permita disminuir la desigualdad.
“Durante este sexenio se implementaron diversas amnistías fiscales que no cumplieron los criterios anteriores. En la revisión de la cuenta pública de 2013, la Auditoría Superior de la federación (ASF) demostró que el programa “Ponte al Corriente”, abierto a todos los contribuyentes para acceder al perdón total o parcial de sus adeudos bajo determinados supuestos, causó serios perjuicios al erario público”, advierte el informe.
La política fiscal ha permitido que con las amnistías se hayan beneficiado “36 empresas —el 0.08% del total de contribuyentes beneficiados— que acumularon el 50.2% de las condonaciones autorizadas por un monto de 80 mil 161 millones de pesos”, señala.
Los pueblos indígenas
Las reformas en materia energética no tomaron en cuenta la opinión de los pueblos originarios e indígenas, como manda la Constitución. Y a pesar de que el discurso oficial ha tratado de mostrar al sector minero como uno de grandes ingresos, estos no se han reflejado ni en el producto interno bruto (PIB), al cual aporta el 0.9%, ni en una mejora en la calidad de vida de los pueblos indígenas.
“El gran número de concesiones otorgado por la Secretaría de Economía a la fecha no ha provocado un incremento significativo en el crecimiento del PIB mexicano. Además, no ha sido una fuente considerable de ingresos públicos, dado que la contribución de la minería significó apenas el 0.32% de los ingresos del gobierno federal durante 2016”, señala el documento.
Además, esta industria ha tenido un alto impacto en el tejido social y el medio ambiente de comunidades en el interior del país. El 76% de los municipios productores de oro tienen niveles de pobreza mayores a la media nacional y más de la mitad tienen niveles de pobreza extrema mayor al promedio en el país.
Salud
A pesar de que el Seguro Popular es un servicio al que tienen acceso 53.5 millones de personas, con cifras de 2017, esta es menor a la registrada en 2013, cuando había 55.6 millones de afiliados. El catálogo de servicios de este programa resulta acotado, en contraste con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual sólo es accesible a una minoría que tiene acceso a derechos laborales de forma plena.
Poco más de la mitad de los beneficiarios de los servicios de salud son mujeres, la mayoría en edad que demanda servicios de salud reproductiva.
Esta nota fue originalmente publicada en mexico.com.
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