Según el principio de proporcionalidad tributaria, cada contribuyente debería pagar impuestos según su capacidad para hacerlo.
El principio de proporcionalidad tributaria se refiere a que los impuestos que debemos pagar para los gastos públicos, no resulten desmesurados en cuanto a las capacidades económicas de los individuos.
Este principio se contempla en el Artículo 31 (párrafo IV) de la Constitución Política, al expresar que “son obligaciones de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.” Al estar contenido en la constitución, el documento legal de más alta jerarquía en el país, este principio tiene aplicación en todo el ámbito jurídico.
El principio de proporcionalidad es tan importante que forma parte del corpus legal desde la creación del primer proyecto de constitución del México independiente, el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano (1822), que en su artículo 15 dice que ”todos los habitantes del Imperio deben contribuir en razón de sus proporciones, a cubrir las urgencias del Estado”. De igual forma, la Constitución de 1857, promulgada tras la derrocación de Antonio López de Santa Ana (artículo 31, fracción II) señala que es obligación de todo mexicano contribuir “de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
El principio de proporcionalidad tributaria se remonta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa (1789), en cuyo artículo 13 señala que la contribución común debe “ser distribuida equitativamente entre todos los Ciudadanos, de acuerdo con sus facultades”.
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Con todo lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio al que nos referimos consiste en que los sujetos pasivos (los gobernados), tanto personas físicas como morales, debemos contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva; por lo que debemos aportar una parte justa y adecuada de nuestros ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada.
Pensemos en dos personas que ganan sueldos distintos, una con un salario bruto (sin haber pagado impuestos) de 15 mil pesos y otra con un salario bruto de 75 mil. La primera persona tiene que pagar una cuota fija de 1,271.87 pesos y aplicar una tasa de 21.36%; la segunda tiene que pagar una cuota fija de 17,575.69 pesos y una tasa del 32%.
La persona con el salario de 15 mil pesos brutos tendrá que pagar 1,910.5 pesos de ISR, con lo que al final únicamente percibirá 13,089. La persona que gana 75 mil brutos deberá pagar 18,259 pesos en impuestos (casi diez veces más), con lo que su percepción efectiva será de sólo 56,748 pesos.
A esta diferencia en el pago de impuestos es a la que refiere el principio de proporcionalidad tributaria.
Y como se mencionó, este principio tiene aplicación en todo ámbito jurídico, por lo que es importante tener en mente que las contribuciones deben estar calculadas con base a las capacidades económicas de cada persona.
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