Así es como el SAT podría combatir a las empresas fantasma el próximo sexenio
La Prodecon propone una nueva estrategia para el combate de las empresas fantasma y el esquema carrusel.
Una facturera fantasma no es un espíritu chocarrero atrapado entre este mundo y el siguiente, atormentado por todos los CFDI que debió haber emitido en vida, pero que por negligencia nunca expidió. Al contrario, es una empresa que emite CFDI que amparan operaciones inexistentes, lo que en última instancia permite evadir impuestos.
Imagina que una empresa, dedicada a prestar servicios de logística, facturó en un año 500 millones de pesos, pero cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) visita el domicilio fiscal registrado de la empresa, halla que todos los activos con los que cuenta la empresa consisten en un par de computadoras viejas, mobiliario de oficina pasado de moda y un par trabajadores no muy espabilados, que no aciertan a pronunciar ni una sola palabra sin tartamudear.
En ese escenario, el SAT podría muy bien sospechar que la empresa se dedica a emitir CFDI espurios, pues no parece contar con la infraestructura ni el personal necesario para justificar una operación que asciende a los 500 millones de pesos anuales.
Las factureras fantasma se dedican a vender facturas para que otras empresas puedan reducir la base gravable, los ingresos sobre los que se calcula el impuesto a pagar. De acuerdo al SAT, desde 2010, lo facturado por estas empresas asciende a 2 billones de pesos, equivalente al 70 por ciento de la recaudación proyectada para 2018.
Para combatir esta práctica, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) propone al próximo gobierno federal una nueva estrategia consistente en que el contribuyente que haga la compra retenga dos terceras partes del IVA (el 10.6 por ciento de un total de 16 por ciento) y que se lo pague al fisco mes con mes.
Actualmente, la empresa que emite la factura traslada el IVA al consumidor, luego lo retiene y posteriormente los entera y paga al fisco. Esto quiere decir que si alguien compra un producto o servicio que cuesta 100 pesos, deberá pagar 16 pesos de IVA, mismos que el vendedor retiene para después dárselos al SAT. Al IVA que el facturador haya recibido por sus ventas deberá restar el que haya pagado a sus proveedores. Si el resultado de esta operación es positivo, tendrá que pagar, si es negativo, podrá exigir acreditación de IVA, con lo que la autoridad deberá pagarle la diferencia.
Esto abre la puerta a los esquemas de carrusel, mediante los cuales las empresas fantasma evaden el pago del IVA. El subprocurador general de la Prodecon, Edson Uribe Guerrero explicó estos esquemas en entrevista con El Contribuyente: “Hay una una empresa número uno (la facturadora falsa), que le ofrece el comprobante a quien quiere fingir gastos para reducir sus impuestos. Luego imagínate que hay una tercera empresa que le emite un comprobante a la facturadora, con la cual ésta puede neutralizar el pago del impuesto”. Se han detectado cadenas de empresas fantasma de decenas de eslabones.
Las empresas que buscan fingir gastos para deducir gastos usualmente pagan entre el 4 y el 8 por ciento del valor total de la factura. Así, si un negocio compra un CFDI que ampara un gasto de un millón de pesos, tendrá que pagar a la facturera entre 40 y 80 mil pesos. Si a esto le sumamos que tendría que enterar y pagar al fisco el 10.6 por ciento del IVA (106 mil pesos), tenemos que la empresa que busca simular gastos tendría que pagar entre 146 y 186 mil pesos. Con esto se logra que este esquema de evasión fiscal sea menos atractivo, además de que reduce el monto de evasión, pues el 10.6 por ciento recaudado por concepto de IVA no se obtendría de otro modo.
Si bien a estas alturas la retención de impuestos no es nada extraño para las empresas (recordemos que los patrones ya le retienen ISR a sus empleados), cabe preguntarnos si este nuevo esquema no acarrearía una carga administrativa importante para los contribuyentes que de ahora en adelante también se verían obligados a enterar el IVA generado por las compras que hagan a sus propios proveedores.
“¿Qué pasa cuando es una empresa fantasma? No la pueden localizar. Dio un domicilio para darse de alta, pero para los meses o el año en que el SAT tardó en darse cuenta, la empresa ya desapareció”, nos aclaró la procuradora Diana Bernal, al referirse a las limitaciones que el esquema actual, que depende de exhibir a las empresas fantasma en las listas negras del SAT.
El documento de la propuesta formal, que se pretende sea incluido en el próximo paquete económico, será publicado el próximo lunes 10 de septiembre.
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