Nuestro columnista, Manuel Baltazar Mancilla, opina que la propuesta de implementar un impuesto sobre la herencia actualmente es un disparate.
En pasados días el diputado Federal Jorge Álvarez Máynez, presentó a nuestro congreso federal, una iniciativa que pretende gravar el incremento patrimonial que un ciudadano obtiene por motivo de herencias o legados, inclusive como consecuencias de donaciones.
Es interesante observar cómo, nuestros políticos, buscan mejores pretextos para recaudar más impuestos, y han encontrado dos motivos que permiten analizar el tópico en comento, bajo argumentos sólidos, pero cuestionables, los cuales son:
- La desigualdad económica, y
- La afectación para proveer de servicios públicos fundamentales.
De conformidad con el índice de Gini (índice que mide hasta qué punto la distribución del ingreso entre individuos en una economía se aleja de una distribución equitativa donde 0 representa equidad perfecta y 1 una inequidad perfecta), México esta más cerca del 1 que el promedio de los 182 países que se miden a nivel mundial, toda vez que el promedio es de 0.373, y en nuestro país el coeficiente asciende a 0.441. De entre los países miembros de la OCDE, México es el segundo país con mayor desigualdad de ingreso (según datos del 2011).
Ahora quiero tocar la segunda gran premisa: se consideran servicios fundamentales la educación, la salud, la asistencia social, la habitación, la infraestructura, los servicios urbanos, la seguridad, en fin, todos aquellos que permitan un estado encaminado al cuidado de los derechos humanos, y es evidente que no es objeto de negociación el descuido de cualesquiera de éstos servicios.
De lo anterior revisamos que el legislador pretende imponer un impuesto so pretexto de disminuir la desigualdad económica, y bajo la amenaza de poner en riesgo la provisión de servicios básicos a la población, y en ambos casos, quien opina en estas humildes líneas, se siente ofendido, ya que gravar con ISR herencias, legados y donativos, no resuelven ninguno de los dos argumentos citados en la exposición de motivos de la propuesta de reformas de ley, y tampoco es agradable que a través del miedo se pretenda que el congreso y los ciudadanos aprueben estas nuevas reglas del juego para fondear el gasto público.
Se prevé pagar un tributo bajo las siguientes reglas:
- No se pagará impuesto por donativos, herencias y legados con valor de hasta 10 millones de pesos.
- Los que excedan de 10 millones de pesos se gravarán bajo las tasas y premisas de ley (35% de ISR) en declaración anual.
- Los conceptos señalados que superen 10 millones de pesos realizarán un pago provisional del 10% hasta por ingresos de 50 millones de pesos, el excedente cubrirá una tasa del 20% hasta por ingresos de 100 millones de pesos, y una tasa del 30% al excedente del último límite mencionado.
- El pago provisional se realizará a más tardar a los 15 días de haber obtenido el ingreso.
- Por otro lado cuando el ingreso lo obtenga una persona con discapacidad, el mismo se encontrará exento de ISR sin límite de monto.
- Finalmente los ingresos federales obtenidos por este tributo deberán destinarse indefectiblemente a un ingreso mínimo universal.
Habíase visto semejante insolencia… incrementar un gravamen, creando un supuesto jurídico nuevo, a fin de financiar un concepto que aún no existe en ninguna legislación y el cual, obviamente, no está regulado.
Creo que nuestros legisladores tienen mucha tarea por delante, primero debemos crear un modelo a seguir para el famoso ingreso mínimo universal, una regulación que le otorgue legalidad, reglas para obtenerlo, y hasta después buscar la manera de financiarlo a través de los impuestos.
Debemos justificar muy bien la manera en que dicha desigualdad se puede disminuir, crear la legislación pertinente, y entonces decirle a la población la forma en que aportarán para sufragar dicho gasto público, que beneficie a la colectividad menos favorecida por un modelo económico seguido por el gobierno federal.
Así las cosas, espero que esta columna sirva de reflexión para el congreso, y revisen de una mejor manera la justificación, la fórmula que pretenda cumplir las premisas bajo las cuales se crea el nuevo gravamen, y no ocupen de pretexto atemorizar a la población y los congresistas con el riesgo de no otorgar servicios públicos básicos.
Nos vemos dentro de quince días.
El Contribuyente es un medio plural que admite puntos de vista diversos. En tal sentido, la opinión expresada en esta columna es responsabilidad sólo del autor.
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