Nunca está de más llevar la cuenta de en qué gasta el gobierno nuestros impuestos.
Año con año, el gobierno federal publica las leyes de ingresos y egresos. En la primera hace un compendio de todos los recursos con los que planea contar el próximo año para realizar sus funciones. En este cálculo se toman en consideración los recursos generados por las empresas productivas del Estado (como Pemex o la CFE), provenientes de la tributación, o de aprovechamientos (como multas), entre otros.
Con base en las estimaciones elaboradas por la Secretaría de Hacienda, el gobierno hace una planificación del gasto (aunque por lo general acabe por hacer otra cosa). Es en el contexto de la asignación de presupuestos que surgen términos como el de gasto corriente.
El gasto corriente es la adquisición de bienes y servicios realizada por el sector público sin incrementar el patrimonio federal. Es decir, se refiere al gasto en servicios, de salud o educación, por ejemplo, o bienes consumibles, como agua potable. Otros ejemplos de gasto corriente son el hecho para el pago de pensiones, subsidios y salarios de servidores públicos. Si bien el impacto positivo de este tipo de gasto (cuando es realizado de forma eficiente y transparente) no puede ser desestimado, el gasto corriente, una vez realizado el servicio o consumido el bien, tiene una permanencia inasible.
Es en este sentido que se contrapone al gasto capital, que se define como el realizado para la adquisición de activos o la construcción de infraestructura física, cuya vida útil y producción de valor puede llegar a ser de varias décadas, como es el caso de una carretera o puerto, que seguirá usándose en los años por venir.
Suscríbete a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes), El Fiscoanalista(novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.