Si el gobierno federal pretende crecer los recursos de los que dispone, debe ampliar la base de contribuyentes y reducir la evasión.
Desde la Reforma Hacendaria, la evasión fiscal en nuestro país va a la baja. Con las múltiples innovaciones del SAT, como la fiscalización por vía electrónica o la implementación obligatoria de los CFDI, cada vez es más difícil que los contribuyentes se pasen de listos y, por ende, no les queda de otra más que cumplir con sus obligaciones.
Un estudio de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) halló que la evasión fiscal en México en 2016 fue de 510 mil millones de pesos (el 2.6 por ciento del PIB), una cifra considerable, pero, con todo, la más baja de la historia.
No todos los impuestos se evaden con la misma frecuencia. De acuerdo a la UDLAP, el impuesto más evadido es el ISR, con un 58 por ciento de evasión total, seguido por el IVA, con 37 por ciento. Con un monto considerablemente menor los sigue el IEPS, con una tasa de evasión del 4 por ciento.
Desde la caída de los ingresos petroleros, el gobierno federal se puso las pilas para subsanar esta falta en el gasto público al fiscalizar mejor a los contribuyentes. Sin embargo, a la Reforma Hacendaria se le está acabando el gas: para 2018, Hacienda proyecta que los impuestos recaudados asciendan al 13 por ciento del PIB, mientras que para 2023 se espera que lleguen a ser el 13.1 por ciento del mismo. Es decir, ya no hay mucho espacio más para crecer. Por ello, los retos a los que se enfrenta la fiscalización son la ampliación de la base de contribuyentes (que no sean sólo unos cuantos los que pagan impuestos) y la reducción de la evasión de impuestos, si se pretende crecer los recursos federales disponibles.
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