¿Te conviene invertir en las zonas económicas especiales?
Tal vez hace un lustro jamás se te hubiera ocurrido montar un negocio en Salina Cruz o Puerto Chiapas…Hoy, aprovechar estas áreas de beneficio fiscal suena atractivo, pero… ¿realmente conviene invertir en ellas?
En el imaginario y en la realidad, México es un país de contrastes: tanto un lugar con una cultura y una economía boyantes como un país con gente sumida en la miseria más abyecta.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 43.6 por ciento de los mexicanos vivía en 2016 en condición de pobreza; es decir, 53.4 millones de ciudadanos. En términos porcentuales esta cifra es un progreso con respecto a 2010, cuando 46.1 de cada cien mexicanos eran pobres. En términos reales lo que hubo es un retroceso. En 2010 había menos pobres que en 2016: 52.8 millones.
La pobreza se concentra principalmente en los estados del sureste del país; respectivamente, 71 por ciento, 70 por ciento y 62 por ciento de los habitantes de Chiapas, Oaxaca y Veracruz viven debajo de la línea de pobreza. Con el objetivo de posibilitar un crecimiento económico sostenible de forma focalizada en las zonas del país con mayores índices de pobreza, en este sexenio nació el proyecto de las zonas económicas especiales, como iniciativa del poder ejecutivo. La Ley de las Zonas Económicas Especiales fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2016.
“Básicamente tenemos dos Méxicos: un norte industrializado y un sur que muchas veces sólo tiene una economía primaria o de subsistencia”, apunta José Antonio Toriello, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Costa Chiapas.
Tan bueno que debería ser… ¿ilegal ?
Las empresas que operen en las zonas económicas especiales recibirán beneficios fiscales, aduanales y administrativos, y además tendrán acceso a infraestructura adecuada, como carreteras, aeropuertos y ferrocarriles. Algunos requisitos para declarar una zona económica especial en México, dice la ley, es que se encuentre en una de las diez entidades federativas con más pobreza extrema, contar con una ubicación estratégica y tener una población de entre 50 mil y 500 mil habitantes. Por su parte, las empresas deben cumplir con sus propios requisitos, como tener a la totalidad de sus empleados inscritos en el IMSS y en el Infonavit. Las empresas participantes no tienen permitido recurrir a servicios de tercerización de personal.
Los beneficios fiscales –seguramente el incentivo más fuerte que ofrecen– son inusitados: las empresas transformadoras o industriales recibirán un descuento de 100 por ciento en ISR durante los primeros 10 años y de 50 por ciento durante los siguientes cinco. Tampoco se retendrá IVA en las transacciones que se realicen y disfruten dentro de ellas. Además podrán deducir 25 por ciento del gasto hecho en la capacitación de sus trabajadores dentro de la zona, gozarán de un crédito fiscal sobre las aportaciones patronales y no tendrán que hacer pago de derechos por el inmueble, el terreno ocupado, áreas de agua ocupadas, entre otros. Como se intuye fácilmente, semejantes facilidades impulsarán la inversión, con lo que se crearán motores de desarrollo para las zonas más empobrecidas del país.
De hecho, Toriello, de la Coparmex, confía en que los beneficios fiscales ofrecidos a los empresarios por el gobierno federal son tales que pondrán a nuestro país en situación de competir con la reforma fiscal recientemente aprobada en Estados Unidos que contempla reducir el ISR a las empresas de 35 a 21 por ciento. Esto, sumado a otras ventajas competitivas nada despreciables, como la disponibilidad de mano de obra barata, podría prevenir la temida fuga de capitales.
Una estrategia viral
Inicialmente sólo se contemplaba tener cuatro zonas económicas especiales en nuestro país: Puerto Chiapas, Salina Cruz, Coatzacoalcos y Puerto Lázaro Cárdenas. Sin embargo, ahora también hay planes para desarrollar otra en Yucatán (en específico, Puerto Progreso, un hub al que no le falta empuje pero que da para mucho más, y los empresarios de Mérida no nos dejarán mentir). Según la Organización Internacional del Trabajo, a nivel mundial hay alrededor de 4 mil zonas así en todo el mundo. De estas, sólo un tercio han tenido éxito debido a problemas de corrupción y falta de planificación, como es el caso de la zona económica especial de Senegal, que fracasó en obtener financiamientos por los altos costes de la electricidad y la dificultad de acceder a un puerto.
Un caso de éxito notable es el de la ciudad de Shenzen, que en 1980 fue reconocida por el gobierno chino como una zona económica especial; con el paso de los años, Shenzen pasó de ser un pueblito bicicletero de unos 50 mil habitantes a una pujante megalópolis de más de 10.5 millones de almas.
Toriello piensa que México cuenta ya con la infraestructura necesaria y próximamente también con un marco normativo lo suficientemente robusto como para evitar, por ejemplo, que las zonas económicas especiales resulten paraísos fiscales, en la acepción negativa del término. “La Secretaría de Hacienda seguramente va a estar muy pendiente al respecto”, dijo. En cualquier caso, en un país donde la corrupción y el nepotismo parecen ser moneda corriente, la preocupación no es exagerada (de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, México es el país más corrupto de la OCDE) y, por ende, la sociedad civil tendrá que mantener un ojo vigilante para evitar posibles conflictos de interés, entre otras malas prácticas.
En 2016 algunos de los principales diarios del país tuvieron titulares escandalosos que proclamaban las zonas económicas especiales como “paraísos fiscales” para el empresariado. El doctor José Luis de la Cruz Gallegos, del Instituto Para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, opina que, por definición, los beneficios fiscales que el gobierno federal está otorgando en estas zonas no pueden catalogarse como propios de un paraíso tributario, pues se dirigen a empresas que están generando riqueza activamente en nuestro país y no corresponden con aquellos complicados esquemas de evasión de impuestos, de capital que se transfiere con la única finalidad de erosionar la base imponible.
Las pymes deberán esperar (o lanzarse a la aventura)
Si bien la ley fue publicada en 2016, aún resta que se publiquen los marcos normativos (se debe detallar lo que en la ley son generalidades) y que se nombre a los administradores de cada zona y al consejo técnico. Sólo cuando contemos con esto se conocerán de manera puntual los beneficios específicos que recibirán las empresas de cada zona. Los consejos técnicos serán conformados por el sector empresarial, educativo y sindical.
Sin embargo, en este momento ya hay empresas operando en algunas de ellas. Como aún no se tienen los lineamientos en la mano, en la actualidad el proceso es mucho más lento (y poco transparente), pues implica que los empresarios tengan que negociar directamente con Hacienda. Antonio Toriello confía que en los primeros meses del año ya se tenga la normatividad, y que para abril o mayo ya se cuente con administradores generales y consejo técnico, con lo que las zonas podrán operar a mayor capacidad.
En principio son las empresas de mayor volumen de facturación las que podrán acceder a las zonas, pues están pensadas para empresas transformadoras, industriales, que con frecuencia requieren de maquinaria costosa y compleja, a la que negocios de menor tamaño difícilmente tienen acceso.
Por fortuna existe la posibilidad de que empresas pequeñas y medianas también se beneficien: de la Cruz Gallegos espera observar un efecto de derrame de beneficios. Las empresas pequeñas y medianas podrán insertarse en la cadena de producción de las grandes al proveerlas de materia prima. Un negocio que se dedique, por ejemplo, a la producción de mango, palma africana o café, podrá vender sus productos a una transformadora para fabricar algún producto procesado. Toriello, sin embargo, piensa que lo mejor es no dejar que la calentura se nos suba a la cabeza. “Por supuesto que queremos integrar a las pymes, que los beneficios sean tangibles entre los productores locales, pero hasta que no tengamos los lineamientos en la mano es difícil decir cómo lo vamos a hacer”, sentenció.
*Este artículo se publicó originalmente en la edición impresa de febrero de El Contribuyente.
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