El gobierno puede destinar recursos desde el Ramo 23 sin contrapesos del poder legislativo.
Supuestamente Benjamin Franklin dijo que en la vida sólo hay dos cosas ciertas: la muerte y los impuestos. Si no existe alternativa, sino pagar impuestos, lo menos que podemos esperar es que el gasto que emane de los recursos recaudados a partir de estos se use en nuestro propio beneficio, mediante la inversión en servicios de salud, educación o creación de infraestructura.
Por desgracia esto no siempre es el caso. Durante la actual administración ha habido numerosos escándalos en los que políticos de la más alta jerarquía son encarcelados (o por lo menos acusados) de haber desviado recursos públicos para enriquecerse ilícitamente o financiar campañas políticas del PRI. Estos son los casos de los exgobernadores Javier y César Duarte y, según trascendió a la prensa más recientemente, la ex secretaria de la Sedesol, Rosario Robles.
Para hacer estos desvíos de recursos públicos, se valieron de la creación ilegal de empresas fantasma, a las que contrataron con la supuesta finalidad de realizar obras para poner en marcha programas del gobierno. Sin embargo, estas empresas no contaban con las condiciones para realizar las labores para las que se les contrató, por lo que nunca la hicieron y, así, el dinero desaparecía.
Sin embargo, éste no es el único modus operandi mediante el cual el gobierno federal puede hacer un manejo discrecional y opaco del gasto público. Una reciente investigación de México Evalúa analizó el uso que el gobierno federal ha dado al infame Ramo 23 del presupuesto del gobierno federal, del que se destinan recursos para las entidades federativas.
La peculiaridad del Ramo 23 es que puede ser usado de forma discrecional por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin ningún contrapeso por parte del poder legislativo. Como consecuencia de esto, observan las autoras de la investigación, durante el sexenio de Felipe Calderón, los estados que más impuestos recibieron son aquellos gobernados por el PAN. Durante el sexenio actual, bajo Enrique Peña Nieto, los estados que más recursos han recibido en períodos “ordinarios” (no electorales), han sido los gobernados por el propio PRI. Sin embargo, en los electorales se han destinado sumas importantes a los gobernados por otros partidos. Los investigadores especulan que esto podría deberse a una estrategia que tiene como objeto construir alianzas políticas.
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