La Comisión Federal de Competencia Económica multó a diversas compañías que manipularon sus precios para ganar contratos en dependencias públicas.
Entre el 2012 y el 2016, las empresas Especialistas en Medios, Delfos y SVS, todas del mercado de seguimiento y monitoreo de información, llevaron a cabo prácticas que perjudican la competencia económica. Además de las tres compañías, cinco personas físicas también estaban involucradas en esta actividades.
Las prácticas consistían en que cuando algunas dependencias públicas (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión Federal de Electricidad, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, entre muchas otras) hacían investigaciones de mercado para contratar servicios, las empresas manipulaban los precios y las cotizaciones. Con esto, Especialistas en Medios era la compañía que ganaba la mayoría de los contratos, mientras que las otras empresas y personas físicas eran subcontratadas o recibían un trabajo relacionado.
Gracias a esto, Especialistas en Medios consiguió, por lo menos, 24 contratos diferentes de las siguientes dependencias públicas: Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión Federal de Electricidad, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Secretaría de Cultura, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Economía, Presidencia de la República, Auditoría Superior de la Federación, Procuraduría Federal del Consumidor y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Los contratos celebrados le dieron a estas empresas cerca de 3 millones 150 mil pesos.
Por esto, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) multó a todos los agentes económicos involucrados por 7.25 millones de pesos en conjunto. Ahora, lo que estas empresas pueden hacer es ir al Poder Judicial de la Federación para que se revise la legitimidad de esta acción.
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