La opacidad con la que políticos, empresarios y compañías multimillonarias manejan su fortuna nos afecta a todos. Te decimos por qué.
Seguramente, estos días has escuchado mucho sobre los Paradise Papers. Que el nombre de Paradise Papers se parezca al de los Panamá Papers no es casualidad: hace alrededor de un año, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer una filtración de documentos confidenciales que revelaron la evasión tributaria y las propiedades ocultas de políticos, empresarios y celebridades. Y este fin de semana, el ICIJ lo hizo de nuevo: una nueva filtración reveló qué personas y empresas se han valido de estructuras offshore para mover su fortuna.
El engranaje offshore es un sistema que permite que esas personas o compañías trasladen su dinero fuera del país en el que se generó su riqueza y lo lleven a paraísos fiscales, es decir, a otras naciones en las que se pagan pocos o ningún impuesto. La motivación principal, por supuesto, es pagarle al fisco lo menos posible, aunque hacer estos movimientos también permiten que las fortunas e inversiones de estos personajes permanezcan en secreto, ya que estos países no están obligados a dar información sobre los dueños de dicho dinero.
Esta investigación revela información de los clientes de Appleby, un despacho offshore que forma parte del llamado “círculo mágico offshore” (formado por compañías que atienden a algunas de las personas más acaudaladas del mundo). Este despacho se dedica a idear estrategias para aprovechar los vacíos legales en distintos países que permiten que sus clientes eludan obligaciones fiscales. Gracias a la ayuda de este tipo de empresas, multimillonarios y grandes corporaciones logran reducir al máximo su pago de impuestos.
Utilizar estructuras y servicios offshore no es ilegal (nos lo recordó muy rápido el SAT y el mismo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en cuanto salieron a la luz nombres grandes de empresarios mexicanos, como Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego), siempre y cuando el dinero del contribuyente provenga de una fuente lícita y se le informe al SAT sobre estos movimientos. Pese a ello, diversos personajes de la escena política mundial, como el ex presidente Barack Obama, han señalado lo evidente: el que esta práctica sea legal es un problema para muchas naciones, pues contribuye a que los pobres sean más pobres (pues pagan más impuestos por el dinero que ganan) y los ricos sean más ricos, ya que cuentan con los recursos para contratar despachos offshore que los ayudan a eludir los pagos que deberían hacer, como todos los demás. El senador estadounidense Bernie Sanders incluso ha dicho que esta práctica es uno de los problemas más grandes de nuestro tiempo. Sanders manifestó respecto a esta investigación que “los Paradise Papers muestran la manera en que los millonarios y las compañías trasnacionales se hacen más millonarias escondiendo su riqueza y sus ganancias y eludiendo el pago justo de impuestos”.
Al igual que Sanders y Obama, otras voces ya habían mencionado la necesidad de revisar esta práctica. En una carta firmada por 300 economistas, entre los que se encuentra el ganador del Premio Nobel, Sir Angus Deaton, que fue dirigida a los líderes del mundo, los expertos mencionan que “la existencia de paraísos fiscales no contribuye a la riqueza mundial o al bienestar común; éstos no tienen ningún propósito económico útil”.
Aunque estas prácticas offshore sean legales, la difusión de estas filtraciones ha despertado el interés de la sociedad civil. Algunos grupos han levantado su voz y comienzan a presionar a los gobiernos para que el tema entre en sus agendas: organizaciones como Oxfam, por ejemplo, han llamado a los líderes de todo el mundo a crear leyes que garanticen que el dinero que se generó en un país regrese a dicha nación para el beneficio de sus habitantes. Otras personas -ciudadanos de a pie- han decidido poner su granito de arena castigando a estos multimillonarios a la hora de votar o de comprar.
Con los Paradise Papers resulta evidente que una práctica legal no necesariamente es justa. En su reporte Paradise Papers, The Hidden Costs of Tax Dodging, Oxfam menciona que al eludir impuestos, “las corporaciones y los multimillonarios privan a los gobiernos de los recursos que necesitan para brindar servicios públicos o infraestructura. Sin recursos, los gobiernos recortan los presupuestos de estos servicios o le cobran impuestos más altos a los demás”. Por eso, los sistemas offshore, aunque legales, están diseñados para perpetuar la desigualdad, madre de muchos de los males que sufre México en la actualidad.
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