Opinión: ¿Cuál es la responsabilidad de Cabify en el feminicidio de Mara Castilla?
La empresa de transporte privado se anuncia como un medio seguro para sus usuarios pero el asesinato de la joven Mara Castilla demostró que su promesa está lejos de la realidad.
El viernes 8 de septiembre, Mara Castilla, de 19 años, abordó en Puebla un auto de Cabify por la madrugada y nunca más volvió a casa. Una semana más tarde se supo que el chofer que supuestamente la había llevado a su domicilio, en realidad la condujo a un motel, en el que la agredió sexualmente y la asesinó.
Desde el inicio de la investigación, la empresa aseguró a través de un comunicado de prensa que su equipo legal cooperaba tanto con la familia de Mara como con las autoridades. Más tarde, cuando se confirmó que la joven fue asesinada, la compañía publicó otro documento en el que lamentó la muerte de la joven y exigió que a los responsables se les castigara con todo el peso de la ley. La postura de la empresa provocó el enojo de muchos consumidores que han pedido en redes sociales que la compañía también se haga responsable del feminicidio de Mara Castilla.
Cabify ha manifestado que los procedimientos que sigue para elegir a sus conductores son los más estrictos del mercado. Según la empresa, sus “socios” se someten a diversas pruebas y exámenes, además de que se solicita una carta de antecedentes penales. La compañía también ha publicado que es sólo una intermediaria entre los usuarios y sus conductores. Pero, ¿y la promesa de viaje seguro? ¿Qué sucede si, en este caso Mara, decidió abordar uno de sus autos precisamente porque era tarde y no quería arriesgarse a usar un taxi de la calle? ¿La empresa no tiene responsabilidad ninguna si promete algo que no puede cumplir?
Cabify tendría que aceptar que sus “estrictos” procedimientos no sirvieron de nada, informar de qué manera piensa apoyar a la familia y debería anunciar urgentemente qué hará para garantizar la seguridad de las pasajeras que aún utilizan sus servicios.
Y el gobierno de Puebla también tiene que asumir su parte. Según la Ley de Transporte de la entidad, corresponde a la empresa y no a la autoridad vigilar y comprobar que los conductores cumplan con los requisitos para ofrecer el servicio. De este modo, el gobierno otorga los permisos pero deja todo lo demás en manos de las compañías.
En un país en el que se cometen seis feminicidios al día resulta urgente que las autoridades prevengan y castiguen estos asesinatos, que se involucren en los procesos que siguen las empresas para elegir a sus choferes y que lleven a cabo todas las acciones y reformas necesarias para que un día las mujeres podamos transitar nuestros caminos sin tener miedo de ser asesinadas.
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