La Secretaría de Hacienda presentó una base de datos con la que podrá medirse el impacto de las políticas fiscales en la actividad económica del país.
Hace muchos años, relató el secretario de Hacienda, Enrique Meade Kuribreña, en el evento “SAT más abierto”, en Gran Bretaña el gobierno llevaba la contabilidad de los contribuyentes mediante marcas en tablillas de madera. Las tablillas se partían en dos; una parte se la quedaba el ciudadano y la otra a la corona. Para revisar la legalidad del documento, que no se tratara de una falsificación, ambas partes –la de la autoridad y la del súbdito– tenían que coincidir perfectamente. Muchas reformas fiscales –y tecnológicas– después, con la introducción de innovaciones como las facturas electrónicas o el buzón tributario, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es capaz de fiscalizar con mucha mayor eficiencia que en aquellos años remotos.
Sin embargo, si bien el SAT es muy efectivo en mantener en sus garras a un puñado de contribuyentes cautivos, quedan muchos temas por atender en materia hacendaria. Por un lado, el peso recaudatorio que cae sobre estos últimos es demasiado. Por el otro, algunos contribuyentes aportan demasiado poco, como ocurre con ciertas industrias, como la minera, o el comercio informal. Además, está el tema de si se administran o no los recursos tributarios en beneficio del país.
Para intentar mejorar lo anterior, el SAT puso a disposición de la sociedad civil una base de datos con más de 1,400 millones de registros de 700,000 personas morales (empresas) y 4.6 millones personas físicas para que los académicos e investigadores puedan observar el impacto que las políticas fiscales tienen en la vida económica de nuestro país. Según el jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, la base de datos es “anónima en el sentido de que no se proporciona información de los contribuyentes, es una base de datos segura porque los datos que se aportan no son susceptibles de ser revertidos”. Este funcionario mencionó que la información es obtenida de las declaraciones anuales de ISR de los contribuyentes, y que en diciembre también estará disponible la información de las declaraciones mensuales.
El secretario de Hacienda sugirió que el propósito de poner a disposición de la sociedad civil el big data fiscal es que ésta sea capaz de analizar –con independencia del gobierno– el impacto de las acciones y políticas tributarias. Esto es algo que pocos países, entre los que están Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, han implementado hasta la fecha. Para ejemplificar el poder del big data, Meade Kuribreña mencionó los casos del motor de búsqueda Google, que logra determinar las preguntas que se le van a hacer antes de que se termine de formularlas, o del IMSS, que sabe “quién se va a enfermar antes de que se presenten los mismos síntomas”, con lo que se puede “cambiar de una política curativa a una política preventiva”.
Desde que en 1979 los estados cedieron sus potestades tributarias a la federación, dijo el secretario, la federación es responsable de darles recursos en función del tamaño de su actividad económica. Con este tipo de herramientas, que permiten analizar grandes volúmenes de datos, la distribución equitativa de los recursos federales a las entidades federativas será más sencilla. Antes de que el Inegi calculara el PIB de los estados, dijo el secretario, lo que hacía el SAT era estimar su actividad económica con base en los impuestos cobrados a la gasolina y el alcohol. “Lo que contribuía a un círculo virtuoso: entre más alcohol más participaciones y entre más participaciones más alcohol”, dijo ironizando.
Durante el evento, los funcionarios no mencionaron cómo y a partir de qué fecha podrá accederse a la base de datos.
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