El Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos no tiene mecanismos claros para resolver disputas.
El Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos (PNEDH) es el instrumento rector que tiene como finalidad prevenir violaciones de derechos humanos por parte de actores no gubernamentales, como las empresas, y reducir el impacto negativo de éstas en ámbitos laborales, medioambientales y de corrupción. El problema es que, como muchas otras cosas en México, es que puede sonar muy bonito a primera oída, pero en realidad tiene muchas deficiencias.
Varias organizaciones de la sociedad civil que conforman el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México llama la atención a la Secretaría de Gobernación sobre que al PNDH le falta garantizar mecanismos de consulta, reparación y acceso a la justicia, además de hacerlo público para que integre las recomendaciones de distintos actores. Además, dice el Grupo Focal, coordinado por Proyecto PODER, no hay claridad sobre el proceso de implementación y monitoreo del mismo.
El borrador del PNDH, dicen las organizaciones de la sociedad civil, no deja en claro las obligaciones de las empresas y el gobierno para garantizar el respeto a los derechos humanos. En meses pasados ya habían alertado sobre que el Programa no tiene una metodología bien delineada para integrar la retroalimentación ofrecida, y en los medios en los que se puede ofrecer ésta no se garantizó la participación de comunidades indígenas.
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