Los investigadores refutaron la “verdad histórica” del gobierno mexicano.
Hace un mes, el New York Times publicó una investigación que evidenció el uso que el gobierno mexicano hizo del software espía Pegasus, que es vendido por una compañía israelí sólo a gobiernos y bajo la condición de que se use únicamente en contra de criminales y terroristas. El New York Times halló que este software fue usado contra periodistas, académicos y abogados, entre los que están Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. Una nueva investigación
elaborada por Citizen Lab. un laboratorio interdisciplinario de la Universidad de Toronto, confirmó el uso de Pegasus para espiar a los miembros del equipo de investigadores independiente que estudiaba el caso Ayotzinapa.
El software espía se manda por medio de un mensaje de texto, que incluye una liga que permite que el atacante se infiltre en el teléfono de la víctima, con lo que puede tener acceso a toda la información y conversaciones del teléfono. Incluso puede tener acceso a la cámara y micrófono de éste.
Pegasus fue usado incluso en contra de políticos de alto perfil, como Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), quien pidió un comité de investigación del Congreso y un equipo de investigadores internacional para indagar en el asunto.
Luego de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, el entonces procurador general de la República Jesús Murillo Karam, dio en una conferencia de prensa lo que pasaría a ser conocida como la “verdad histórica” sobre el destino de los 43 jóvenes estudiantes. Esta versión dicta que los normalistas fueron asesinados por la policía local, en colusión con el cartel de los Guerreros Unidos y posteriormente sus restos fueron incinerados en un basurero.
Ante la presión pública, un grupo de investigadores independiente al gobierno mexicano hizo una investigación que negó la versión del gobierno mexicano, pues no hallaron los restos de la mayoría de los desaparecidos ni evidencia de un fuego lo suficientemente grande para incinerar 43 cuerpos. El trabajo del equipo de investigadores ha sido criticado por la organización Alto al Secuestro, por la supuesta politización del caso y la existencia de un conflicto de interés..
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