Un ministro de la Suprema Corte de Justicia piensa que la decisión tiene tintes políticos, al menos en México.
Las autoridades mexicanas han tenido dificultades considerables para regular los modelos de negocio producto de las nuevas tecnologías. En algunos casos se ha llegado a soluciones poco satisfactorias. En cualquier caso, las autoridades parecen cada día más conscientes de la necesidad de regular estos productos.
El 22 de junio de 2016 el gobierno del estado de Yucatán reformó la Ley de Transporte, de manera que servicios de transporte privado como Uber fueron duramente limitados. El gobierno local del estado estableció requisitos como la propiedad del vehículo, el valor determinado del vehículo, la prohibición de cobrar en efectivo, que los autos tuvieran cinturones de seguridad, aire acondicionado, un número determinado de puertas y equipo de sonido, entre otros. Para repeler esto, las minorías parlamentarias del estado promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la resolución del legislativo yucateco, misma que fue revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación los días 22, 23 y 25 de mayo de 2017.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, y los ministros determinaron que la legislación yucateca se mantendría igual. Esto es problemático por varias razones. Que los conductores deben poder comprobar ser dueños del vehículo impide que los propietarios puedan explotar su propiedad a través de la plataforma de Uber, lo que a su vez impide que otras personas tengan acceso al trabajo de chofer a menos que tengan auto propio.
Por otro lado parece un sinsentido que en un país donde la mayoría de los habitantes no usan tarjeta de crédito o débito, se impida cobrar en efectivo.
Por estas razones, el ministro de la Corte Arturo Zaldívar argumentó que las autoridades buscan dificultar el acceso a este tipo de plataforma, con lo que se beneficia intereses políticos. ¿Será?
Uber no sólo ha tenido problemas legales semejantes en México. Hace unos meses, la compañía estadounidense anunció que su servicio ya no estaría disponible en Dinamarca, por las estrictas reglas que deben cumplir los taxis en el país. Una asociación de taxis barcelonesa presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un caso, que se espera se resuelva este año, que determinará si legalmente Uber es o no un servicio de transporte, y por ende deberá cumplir con los mismos requisitos que los taxis.
En varios países, Uber incluso ha usado su aplicación para entorpecer las investigaciones de las autoridades locales. También ha instruido a sus conductores sobre cómo burlar las legislaciones de sus países.
Suscríbete al newsletter aquí.