No, no se chingaron al Estado. El caso de Jacinta, Alberta y Teresa.
Enrique Paredes sobre el caso el caso de las tres mujeres indígenas hñäñhús.
El caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, trata de tres mujeres indígenas hñäñhús a quienes se les construyó un caso de secuestro por el cual duraron alrededor de tres años encarceladas. Jacinta salió libre en 2009, una vez que el Centro Prodh (una ONG que litiga) tomó su defensa. Alberta y Teresa fueron puestas en libertad por sentencia absolutoria de la Primera Sala de la SCJN en 2010. El 21 de febrero la PGR, obligada por sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas. La hija de Jacinta, en el acto público, afirmó “hoy nos chingamos al Estado”.
Este tipo de caso no es nuevo; Irineo y Candelario Martínez, dos indígenas purépechas artesanos, fueron detenidos en 1997, juzgados sin intérprete y condenados cuestionablemente a 12 años de prisión. Cumplida la condena y muerto de viejo don Irineo Martínez, el caso se resolvió a manera de solución amistosa en el marco de un litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011. En esa ocasión SEGOB se disculpó con Candelario Martínez y los familiares de don Irineo. ¿Se habían chingado al Estado ellos también?
La respuesta está en la reforma constitucional de 2011, que hizo explícita la jerarquía de las convenciones de derechos humanos sobre las leyes nacionales. Esto significó que los tribunales nacionales tendrían que adoptar los estándares definidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y específicamente en las sentencias emitidas hacia México. A partir de entonces comenzó un proceso de estandarización en materia de derechos humanos que continua al día de hoy.
Entre esos estándares de justicia están las medidas de satisfacción, que implican la disculpa y reconocimiento de responsabilidad en actos públicos. Mientras que en el caso de Irineo y Candelario la presión vino desde la CIDH, un órgano basado en Washington, en el caso de Jacinta, Alberta y Teresa, fue el TFJFA, una instancia nacional, la que motivó la disculpa.
Ambos casos son indignantes y se repetirán en tanto las instituciones sean incapaces de abatir el rezago social y la discriminación que hacen de México tierra fértil para estas injusticias. Sin embargo, el reconocimiento de responsabilidad no se chingó al Estado, por el contrario, lo fortaleció. La PGR y el TFJFA demostraron que también desde adentro se puede reparar el daño.
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