El acuerdo de Coparmex en respuesta al programa “apresurado” de EPN
Luego de la propuesta “al vapor” del gobierno federal que Coparmex no firmó, la institución ofrece su plan.
Los efectos del “gasolizano” apenas comienzan a sentirse, pero el descontento de sociedad civil y sector privado es generalizado. Las propuestas de inicio de año suelen parecer más una carta a los reyes magos que un plan concreto. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propone este acuerdo, basado en tres ejes. Rescatamos algunos de los puntos más importantes, pero sin duda “atacar” el exceso de burocracia y el gasto innecesario son dos de los objetivos más importantes. Todo es debatible, sin duda, e involucra a gobierno, empresas y ciudadanos.
1
Impulsar la economía familiar y la creación de empleo digno
• Eliminar por lo menos a la mitad los 37 programas sociales duplicados que ha identificado CONEVAL, que significarán 700 mil millones de pesos en 2017.
• Establecer un calendario de implementación para armonizar las legislaciones estatales en materia regulatoria y la ventanilla única a más tardar en 2018.
• Crear de la mano con COFECE un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas, a fin de que los precios sean lo más competitivos posibles.
2
Mejorar las finanzas públicas y promover estabilidad macroeconómica
• Crear un Consejo Fiscal Independiente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de evitar que la deuda siga creciendo.
• Implementar verdaderos recortes de presupuesto público, así como evitar más aumentos de precio en la gasolina en meses subsecuentes.
• Establecer una partida presupuestal específica de inversión pública para crear refinación doméstica y ductos que reduzcan el costo de la transportación de gasolina.
3
Promover el Estado de Derecho y el combate real a la corrupción
• Reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos, así como establecer metas para reducir anualmente el robo de las gasolinas.
• Fijar un calendario para atender y solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal, estatal y municipal.
• Sanciones fiscales para los estados que no cumplan con la implementación de sus sistemas locales anti-corrupción.
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